El pasado 22 marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, por lo que, en el estado de Morelos se realizaron diversas actividades académicas, políticas y culturales en las que diversos actores mostraron su preocupación, diagnósticos y, en algunos casos, esbozos o experiencias de estrategias para el rescate de la riqueza hídrica de la entidad. Desafortunadamente, fuera de estas efemérides y las actividades realizadas, la realidad del agua en Morelos continua siendo la de una grave devastación hídrica en lo que respecta a la cantidad y calidad de agua con la que la sociedad cuenta para satisfacer sus necesidades de consumo; pues, desde hace poco más de 35 años (por decir lo menos), se ha producido una sistemática, cínica y dolosa destrucción del sistema hídrico estatal por actores económicos y políticos de origen local, nacional, así como multinacional.
La hiper urbanización industrial, agroindustrial y extractivista del estado de Morelos promovida por distintos grupos empresariales mexicanos o extranjeros, ha producido la actual destrucción del sistema hídrico morelense, al producir una sobreexplotación y contaminación de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua. Por otra parte, se tiene que reconocer que la actual crisis hídrica en Morelos se ha complicado por toda una red de corrupción política que, de forma cínica, permite establecer contubernios entre la clase política morelense y los representantes de los cárteles inmobiliarios, de la agroindustria y de la industria manufacturera.
Al amparo de una política nacional de privatización directa y tangencial de las aguas del territorio nacional impulsada y sostenida por la propia CONAGUA durante las administraciones neoliberales a nivel Federal, se realizaron toda una serie de modificaciones en las normas, leyes, reglamentos y procedimientos para el otorgamiento, renovación y no suspensión de los títulos de concesión; así como se promovió una ingeniería jurídica para regir la evaluación y regulación de las cuotas de extracción, consumo, excreta de aguas residuales, vertimiento de sustancias contaminantes y el tratamiento de las aguas previamente concesionadas. Este contexto nacional produjo que, en Morelos, la Comisión Estatal del Agua y los diversos Sistemas Operadores de Agua Potable en los municipios morelenses, replicaran las estrategias de generación de privilegios y de centralización de la administración, manejo y gestión del agua para beneficiar las necesidades hídricas y caprichos económicos de los actores económicos que, con dicho contexto político-legal, se han convertido en una casta hídrica en la entidad.
Hasta el día de hoy, los tomadores de decisión a nivel del Gobierno estatal o de las alcaldías municipales de Morelos, no han tomado con seriedad el problema hídrico del estado, pretextando que existe una falta de recursos económicos para invertir en el desarrollo la red pública de dotación y saneamiento del agua público-urbana. Argumentando, algo similar para el caso de los campesinos morelenses que, actualmente, sobreviven resistiendo la crisis económica, ambiental, hídrica y social que se les impuso por medio de las políticas económicas neoliberales; pues ante las exigencias de más y mejores aguas para el cultivo de sus tierras, las autoridades les responden prometiendo mayor tecnificación mediante sistemas de riego o, de manera irresponsable, les ofrecen paquetes tecnológicos basados en semillas genéticamente modificadas o en el uso indiscriminado de herbicidas, pesticidas, fungicidas, potenciadores, y toda una serie de agroquímicos que por su propia composición toxicológica pueden ser considerados como venenos tanto para el ambiente como para la salud humana.
Es por todo lo anterior, que en las futuras elecciones para elegir a la persona que ocupe el puesto de Gobernador del Estado de Morelos, no se deba ignorar el grave panorama hídrico que actualmente padecen y sufren los miles de familias morelenses cuyos territorios han sido devastadas y cuyos cuerpos han sido enfermados como un correlato silencioso pero, a la vez, doloroso y desgarrador de la destrucción impune e indignante del sistema hídrico estatal.
En primer lugar, se tendría que declarar la Emergencia Hídrica en la totalidad del estado de Morelos. Aunado a ello, se requeriría solicitar que la CONAGUA y a la propia Comisión Estatal del Agua, hagan pública toda la información de las concesiones de agua que actualmente están vigentes en la entidad; declarando de interés público, aquéllas que sean de uso estratégico para el consumo humano, ya sea público o agrícola.
En este mismo sentido, se debe regular que sean las empresas que generan contaminación de los cuerpos de agua, quienes asuman los costos económicos, ambientales y sanitarios de dicha externalidad; al tiempo que, se les ponga como condición para operar, el contar con una planta de tratamiento de aguas residuales que opere con base en sus niveles de capacidad instalada y de acuerdo a los estándares internacionales de saneamiento, incluyendo aquellos que tienen que ver con eliminar metales pesados y otros contaminantes emergentes.
La democratización de los espacios de toma de decisiones en materia hídrica debe superar los fetiches, espejismos y simulacros presenten en la llamada Gobernanza del agua. Por el contrario, desde el Gobierno del estado de Morelos, se debe avanzar en la compleja tarea de construir espacio de verdadera democracia en la que se impulse la organización popular para el rescate de los saberes comunitarios en torno al cuidado del agua. Estas medidas requieren ir más allá de la imposición de una agenda globalistas presente en los llamados Objetivos para el Desarrollo Sustentable; que, de una u otra forma, culpabilizan a toda la población morelense como los responsables de acabar con la riqueza hídrica de la entidad.
Las candidatas a ocupar el principal puesto de gobierno en las próximas elecciones de junio de 2024 tienen que cuenten con un diagnóstico socioambiental preciso y crítico respecto a la grave crisis hídrica que se vive en la entidad. Por lo que se tendrían que organizar diversos talleres de mapeo comunitario para conocer, a nivel de cada municipio, cuáles son las principales necesidades hídricas, así como las capacidades socio territoriales con las que cuentan los propios integrantes de la comunidad para construir una solución conjunta al problema del agua.
Dicha tarea debe pasar por generar un observatorio ciudadano de cuidado del agua en el que pueda dársele seguimiento administrativo, técnico, científico y jurídico a los usos y abusos generados en la extracción, distribución, descarga y saneamiento del vital líquido. Esta medida, podría estar acompañado por la creación de un Tribunal de Justicia Hídrica y Socioambiental en donde se reciban las denuncias y se vincule al proceso legal correspondiente a quienes resultes responsables de contribuir a la sobreexplotación y contaminación del agua.
Estas y otras propuestas que puedan elaborarse entre todas y todos los afectados por la actual destrucción del sistema hídrico morelense por la hiper urbanización industrial del territorio, y por las mafias que privatizan el agua para lucrar con la sed de la población, deben estar presenten en los objetivos y propuestas de campaña de los tomadores decisiones, en los distintos puestos de elección popular. De lo contario, bien podríamos comenzar a sospechar que lo que en verdad les motiva a querer ocupar dicho puesto es más un interés económico o político personal —o de algún grupo de poder económico privado cuyos intereses defiendan—, más que un compromiso por mejorar las condiciones del medio ambiente en donde viven sus gobernados.
Foto: cortesía del autor
*Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa
