Mildred Maluti, representante de la comunidad afrodescendiente en nuestro estado lamenta que para este sector ni siquiera los derechos constitucionales sean iguales que para el resto de la población.
En principio, la declaración anterior parece que contradice al mismo texto constitucional, en el que se garantiza la igualdad ante la ley de todos los mexicanos. Pero en la práctica esto no siempre es así, y la misma ley lo reconoce al incluir ciertos mecanismos para compensar las disparidades que, en la realidad de la vida cotidiana, seguimos experimentando como nación.
No son iguales los afrodescendiente o indígenas al resto de la población mestiza de nuestro país como no es igual la población de zonas rurales a las de zonas urbanas, o las mujeres a los hombres, o aquellos con capacidades diferentes a los que se pueden valer por sí mismos.
La ley será ciega -supuestamente- pero no todos tienen las mismas posibilidades de recurrir a ella y tampoco tienen garantizado que serán tratados de la misma forma o que sus problemas particulares puedan ser comprendidos siquiera. Y, si hablamos de la justicia electoral o de los tortuosos caminos por los que se definen candidaturas a puestos de elección, la situación se complica mucho más.
Mildred Maluti considera injusto que ni siquiera se considere a la población afrodescendiente con la capacidad de decidir o testimoniar la pertenencia a esta comunidad como sucede con la población indígena y las famosas cartas de auto adscripción, tan devaluadas últimamente. El resultado es que cualquiera que quiera ocupar un escaño de los reservados por las múltiples acciones afirmativas para la población afro, lo pueda hacer simplemente con una declaración.
Como muchos han observado, las acciones afirmativas parecen servir para que los políticos digan que se atienden las diversas problemáticas sociales, se tomen la foto y hagan declaraciones justicieras, pero, más tarde, ellos mismos abusarán de éstas para ocupar una curul, desvirtuando la principal utilidad: que las diferentes experiencias desde las distintas situaciones de todos los mexicanos se hagan presentes a la hora de expedir o modificar una ley.
La igualdad de derechos es un principio fundamental que no solo impulsa el progreso social y económico, sino que también refleja la esencia misma de la justicia y la democracia en una sociedad. En el contexto de un país diverso como México, donde convergen diversas culturas, etnias, orígenes y circunstancias, la garantía de igualdad de derechos para toda la población es esencial para construir una nación justa, inclusiva y próspera. Pero esto ha sido desvirtuado muchas veces por los mismos que son los encargados de hacer las normas.
En un verdadero concierto nacional, resultaría crucial la situación de la población afrodescendiente en México, una comunidad históricamente marginada y relegada en muchos aspectos de la vida social, económica y política. A pesar de que México tiene una rica herencia afrodescendiente, la presencia y contribuciones de esta comunidad han sido sistemáticamente ignoradas o minimizadas en la narrativa nacional.
Más que un atajo para conservar o conseguir curul -y en este año tenemos varios ejemplos aquí en Morelos de indígenas de último momento y hasta del gobernador con licencia que ocupa la candidatura que supuestamente está reservada para algún miembro de la diversidad sexual, aunque, claro, intimidades no sabemos- las acciones afirmativas deben servir para lo que están pensadas: reconocer el valor de México como nación pluricultural y rico en su (genuina) diversidad.
