REALIDAD DISTORSIONADA
Estamos en un grave problema como sociedad mundial por la creciente dificultad de conocer con veracidad lo que realmente está sucediendo en la realidad y las causas que lo explican. Es una ironía que estemos viviendo en la llamada “sociedad de la información”, y nos topemos cada vez con mayor frecuencia con el fenómeno de la desinformación, provocada por descuido, irresponsabilidad, o bien, por la clara intención de mentir para confundir.
Cada vez más personas podemos acceder a tecnologías que nos permiten estar informadas en el momento mismo en que las cosas están sucediendo, y, sin embargo, crece también la duda sobre si la información que recibimos está apegada a la realidad.
Desde hace apenas unas cuantas décadas, los humanos nos hemos adentrado al maravilloso mundo del espacio cibernético, y lo que debería ser una disfrutable e ilimitada experiencia de navegación en busca de datos, información y conocimientos, se está convirtiendo velozmente en una caótica y frustrante experiencia, en razón de no tener la seguridad de que lo que uno encuentra en ese mundo corresponde tal cual a la realidad, sobre todo en las llamadas redes sociales.
El problema de la desinformación y la expansión de noticias falsas ha llevado a muchos países a generar leyes y normas para tratar de controlar esta peligrosísima epidemia. Un estudio reciente del Centro para la Asistencia Internacional a los Medios de Comunicación (CIMA, por sus siglas en inglés) señala que entre 2016 y 2022 se promulgaron o modificaron 91 leyes en todo el mundo para incluir disposiciones relativas a la información falsa o engañosa; sólo en el año 2020 se aprobaron 36 nuevas leyes con ese propósito.
https://www.cima.ned.org/publication/chilling-legislation/
La Unión Europea, por su parte, generó la Ley de Servicios Digitales para luchar contra la incitación al odio y la desinformación que se propala por la Internet, con la intención de revisar las normas digitales de los 27 países que la componen, y con ello limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon o Facebook, así como proteger los derechos de los usuarios de la Red, y crear condiciones de competencia que sean equitativas para las empresas. En octubre del 2022, se publicó el Reglamento de la Unión Europea relativo a un mercado único de servicios digitales.
Se añade a esta problemática la inmersión de la tecnología que conocemos como inteligencia artificial (IA) que permite la manipulación de datos, voces e imágenes, con lo que se crean y reflejan situaciones virtuales que hacen, cada vez más difícil, distinguirlas de hechos verosímilmente reales.
No hay duda de la importancia de atender este problema lo más pronto posible, antes de que se genere una pandemia cuyos efectos son inimaginables, consistente en no creer nada de lo que se informa, por dudar de su veracidad, sea cual sea la fuente de información. Hay que pensar y hacer algo más para atenuar el problema, ya que iniciativas actuales como las consistentes en elaborar leyes, crear tribunales que censuran los contenidos falsos en redes sociales, e impulsar organizaciones “fact-checking”, parecen no ser suficientes.
El contrapunto de las actuales y futuras iniciativas dirigidas a contrarrestar “la dimensión virtual de la mentira” es el riesgo de que con ello se limiten los derechos humanos de libre expresión y de información. Esta preocupación la expresan voces originadas en países en los que se supone esos derechos están vigentes, aunque bien sabemos que ya desde hace mucho tiempo en dichas “sociedades abiertas” existen de “jure y de facto” restricciones a la libertad generalizada de expresión, apuntaladas con la autocensura, no sólo sobre determinados temas, sino también en razón de la imposibilidad práctica de que la mayoría de la gente de un país realmente pueda expresar su pensar y sentir, a través de los medios convencionales de comunicación.
En el diseño de una “sociedad moderna al modo occidental”, se da por sentado que la prensa en todas sus modalidades es el instrumento que tiene la sociedad para enfrentar los excesos gubernamentales y para expresarse sobre los temas de interés colectivo; de igual forma, se asume que los “representantes populares”, en la modalidad camaral de democracia indirecta, son los portavoces confiables de las inquietudes ciudadanas. ¿Pero acaso es creíble que, vista la problemática señalada, esas dos “agencias sociales” puedan cumplir su papel, teniendo a la verdad y la ética como principio y como fin?
En este marco ¿qué hacer con el derecho a la información? Es patético, como ejemplo, lo que ha estado sucediendo en México, en donde prácticamente todos los diversos medios de comunicación convencionales se han dedicado a difundir información y opinión, teniendo como referencia una versión selectiva de lo que sucede en el país, y de las causas de ello. Las verdades, las medias verdades, y las francas mentiras son indistinguibles, en la interminable catarata cotidiana de noticias, vertidas sin criterios claros de relevancia, con francos sesgos ideológicos, y con la sola motivación de poder y de dinero.
Mucho hay que seguir reflexionado con cabeza fría, sobre cómo gestionar la verdad de los hechos y sus motivos, para que sea realidad el derecho de expresión, condición clave para la cohesión de las sociedades, y el derecho a la información en todas sus modalidades, insumo clave para procesar la realidad y vivir en concordancia con ella.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
