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El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que ya se tiene identificada a una persona de interés relacionada con el caso del presunto secuestro del que habría sido víctima el obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, luego de asegurar que la Fiscalía seguirá trabajando en el caso “independientemente de las declaraciones o no que nos aporte la víctima”.

El 27 de abril, Rangel Mendoza salió de su domicilio en Jiutepec, Morelos, cuando salía hacia el estado de Guerrero; dos días después, la Conferencia del Episcopado Mexicano informaba en un comunicado, “con profunda consternación” de su desaparición; horas más tarde, la propia conferencia, a través de un nuevo reporte, daba cuenta de la localización del prelado, quien en febrero había buscado una tregua entre los grupos delictivos que operan en la sierra de Guerrero, estado vecino de Morelos.

En las primeras declaraciones, tanto los representantes legales del obispo como la Fiscalía trataron el asunto como un “secuestro exprés”, hipótesis fortalecida por supuestos retiros de las tarjetas del prelado. Sin embargo, días después, el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que el obispo había ingresado por su voluntad a un motel de la zona norte de Cuernavaca en compañía de otro hombre.

Rangel Mendoza no podía declarar dado que estaba bajo el influjo de drogas que le habrían administrado en el lapso que estuvo desaparecido. Días después de su alta hospitalaria, el obispo Rangel emitió un comunicado en que perdonaba a quienes le habían hecho daño y aseguraba que no presentaría denuncias en contra de nadie.

Para el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, la no presentación de denuncias podría derivar de amenazas que hubiera recibido la víctima, y advertía que las declaraciones del comisionado de Seguridad Pública de Morelos, además de faltar al deber del funcionario, podrían venir de una línea que buscara dañar a la Iglesia Católica. Además, confirmaba que la Fiscalía de Morelos trataba el caso como un secuestro exprés.

En rueda de prensa ayer, el fiscal Carmona Gándara aseguró que, dado que se trata de un delito que se persigue de oficio, se seguirá trabajando aún si no se cuenta con declaraciones de la víctima. “Ya tenemos una persona (identificada) a la que estamos buscando para cuestionarlo en relación con estos hechos”.

Aseguró que “no es el único caso que tenemos una intoxicación química… una persona presa por el consumo de manera dolosa de algunas sustancias que le reducen sus capacidades motrices y/o intelectuales”.

El fiscal fue una de las pocas personas que pudieron hablar con el obispo Rangel pocos minutos después de su desaparición, cuando estaba bajo observación en el Hospital José G- Parres de Cuernavaca. “No pudo hacer en ese momento una declaración formal… fue nada más de mi parte cerciorarme de que se trataba del obispo Salvador Rangel. Hablé con los compañeros del prelado, lo que me pidieron fue que se hiciera una investigación objetiva y con respeto a los datos personales de esa víctima”.

Carmona Gándara aseguró que la información que se tiene en la carpeta de investigación apunta a que se trató de un secuestro exprés. “Lo que nosotros decimos públicamente es lo que consta en actuaciones a través de dictámenes periciales, informes de balística, de dactiloscopia, de declaraciones, entrevistas, videos obtenidos científica y técnicamente”.