Como ya es costumbre en los procesos electorales en México, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas por lo menos desde un día previo y durante la jornada electoral. La llamada “Ley Seca” y sus multas es una prerrogativa de los municipios, pero la posibilidad de implementarla está desde el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Desde hace tiempo se debate sobre la utilidad de una disposición que ya casi cumple un siglo de ser parte de nuestros usos y costumbres electorales. Uno de los primeros antecedentes registrados de la «Ley Seca» se remonta a las elecciones federales de 1929. En este año, el gobierno mexicano implementó la prohibición de venta de alcohol con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante el proceso electoral. Era un México turbulento, apenas posrevolucionario y no tan habituado a los procesos democráticos, además resultaba que todavía había mucha gente armada por las calles y todo lo anterior resultaba en una combinación peligrosa.
Conforme ha transcurrido el tiempo, son diversas las voces que se manifiestan a favor y en contra de tal medida, sobre todo porque en la propia ley electoral federal se prohíbe expresamente “el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas” (Art. 280-5) y se autoriza al presidente de la casilla a “solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden” (Art 281-1). Y puede haber ebrios rijosos con o sin “Ley Seca”.
A favor de tal disposición se señala que hay una reducción de violencia pues, con disminuir el consumo de alcohol se pretende que baje la probabilidad de incidentes que pueden interferir con el proceso electoral; otro argumento a favor es que se fomenta la participación consciente, para que el voto sea realizado en condiciones óptimas para ejercer el derecho de elegir a representantes populares de manera responsable .
Pero en contra también hay posturas como que tiene un impacto económico negativo en los negocios relacionados con la venta de alcohol, como bares, restaurantes y tiendas; se vulneran libertades personales pues la ciudadanía debería ser responsable de sus decisiones y eso incluye consumir o no alcohol, y que la “Ley” tiene una efectividad cuestionable precisamente porque la ley ya contempla lo que hay qué hacer con la gente en estados inconvenientes.
La implementación de la «Ley Seca» -para la cual, por cierto, muchos ciudadanos se preparan a conciencia desde días antes- durante las elecciones en México se ha aceptado generalmente como una medida preventiva para evitar problemas de seguridad pública, riñas y disturbios que puedan afectar al proceso electoral pero, en dado caso, los eventos de este tipo en los que esté involucrado el alcohol son aislados y excepcionales.
El problema reside más bien en que se acepte o no el resultado de las votaciones que, por cierto, se dará a conocer muy cerca de que venza la ley seca. Y no hay una “ley” por el estilo para controlar a partidos y candidatos inconformes con la decisión del electorado al que sería muy difícil aplicarle una prueba de alcoholemia para saber si votaron en sus cabales, o no.