En el cierre de campañas en un proceso electoral marcado por la violencia, se perpetró otro asesinato: el candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla por la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”, Ricardo Arizmendi Reynoso, quien también era líder de comerciantes de Cuautla, fue muerto a balazos en su comercio a plena luz del sol. El ataque fue realizado por dos sujetos en un ataque directo.
Lo que antes era un hecho excepcional, ahora se ve como parte de los riesgos que debe enfrentar quien se anime a lanzarse a la arena política; requisito que al parecer no tenían claro las doscientas aspirantes que renunciaron a sus candidaturas en Zacatecas a finales del mes pasado, las 515 que hicieron lo mismo en Chiapas hace una semana o 32 aspirantes en Tamaulipas, todas por miedo a la violencia.
El mes pasado, el despacho Integralia consultores publicó su “segunda actualización” a su reporte de violencia política con datos que van del 1 de septiembre de 2023 al 1 de abril de 2024, que concluyó con un dato escalofriante: en promedio, cada 1.8 días un candidato a un cargo de elección popular, alguno de sus familiares, funcionarios o exfuncionarios públicos, políticos o expolíticos fue asesinados, amenazados o agredido con arma de fuego en nuestro país en este proceso electoral.
De acuerdo a este despacho, para inicios de abril el actual proceso ya era “el más violento de la historia moderna de México”, y ya se habían registrado 161 asesinatos, 100 amenazas y 85 atentados relacionados con el ejercicio electoral.
Como antecedentes, podemos recordar que según el Observatorio de Violencia Política y Social de México, durante el proceso electoral de 2020-2021 se registraron más de 200 actos de violencia política entre 102 asesinatos de políticos y candidatos; también con respecto al en el 20-21, el informe de Etellekt Consultores sobre violencia política en el proceso electoral identificó que ésta ya se había extendido a las 32 entidades federativas y había afectado directamente a por lo menos 570 municipios.
La profundidad de este flagelo no admite explicaciones simplistas que intentan identificarlo como un fenómeno coyuntural o episódico, los que saben señalan que es parte de un problema estructural de nuestra nación y de nuestro estado en el que están presentes el crimen organizado, que busca controlar territorios y ejercer poder sobre las autoridades locales para facilitar sus actividades; la corrupción y la debilidad institucional -la corrupción endémica hace que el crimen se infiltre en las propias instituciones que lo deberían combatir- y la impunidad, verdadero motor de la violencia y el crimen.
Es un problema serio que nos afecta a todos, no solo a las familias que quedan irremediablemente afectadas por los cobardes ataques como el que le quitó la vida a Ricardo Arizmendi y a toda la sociedad que no se acostumbra -y nunca debemos hacerlo- a vivir en la zozobra y el temor; también vulnera nuestro derecho a votar por quien nos plazca eliminando las alternativas que a ellos -o a un grupo determinado- simplemente no les gustó. Tampoco podemos responsabilizar de los ilícitos a los sobrevivientes o a quienes no hayan sido amenazados, que más bien pudieran ser incluso otras víctimas, presentes o futuras.
La violencia política en este proceso electoral marca una prioridad para los próximos gobernantes: la violencia y sus responsables directos, en algún momento, también podrían apuntar el cañón de sus armas contra ellos.