El Estado, es decir sus autoridades, está obligado a respetar los derechos humanos de las personas, por lo que debe abstenerse de impedir su ejercicio y, más allá, debe posibilitar su ejercicio haciendo lo conducente, por ejemplo, a través de políticas públicas, para que los derechos se hagan efectivos.
A principios del año 2020 la pandemia COVID-19 que se padeció a nivel mundial nos puso a prueba a todos, pero principalmente a los gobiernos que debieron dar pronta y efectiva respuesta ante la gravedad del problema por las afectaciones que podrían sufrir las personas en su integridad e incluso la vida.
Actualmente, después de haber superado ese difícil trance, es más que oportuno hacer una evaluación objetiva sobre cómo se atendió la pandemia y definir que se hizo bien y, sobre todo, que se hizo mal para no volver a cometer en el futuro esos errores por las consecuencias fatales que tienen. En varios países, asumiendo su deber y responsabilidad, fueron sus propias autoridades quienes integraron comisiones oficiales y se autoevaluaron, pero en otros como México, debió formarse una comisión de expertos surgida de la sociedad civil que realizara ese importante ejercicio, mismo que llevaron a cabo con gran responsabilidad. A finales del mes de abril presentaron el informe de la “Investigación sobre la Pandemia de COVID19 en México”, en donde se señal que la pandemia es la catástrofe humana más grande que ha vivido México en un siglo.
La comisión la integraron expertos de diversas disciplinas, coordinadas por el doctor Jaime Sepúlveda. El informe revela que de 2020 al fin de la emergencia sanitario (9 de mayo de 2023), sumaron 808,619 muertes en exceso (muertes por todas las causas por encima de las esperada en condiciones normales). Lo anterior significó que aproximadamente 6.4 de cada mil mexicanos murieron a causa de la pandemia, directamente por COVID o indirectamente por el trastocamiento de las condiciones normales. México ocupó el cuarto lugar mundial en exceso, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, después de Perú, Bolivia y Ecuador.
El informe es devastador, los datos que arroja así lo muestran, por ejemplo, indica que frente a las 808,619 muertes en exceso, el escenario que las autoridades consideraron como “muy catastrófico” (60 mil muertes por la pandemia) representa apenas el 7.4% de las muertes reales. Este error desafortunado de predicción no es menor, pues a partir de ello los modelos utilizados para tomar decisiones clave, como cuánto equipo médico se necesitaba o qué tan importante era el aislamiento para evitar el contagio masivo, llevo a la pésima atención del problema.
Existió manipulación en el registro de muertes, toda vez que, de las 808,619 muertes en exceso, 511,081 son atribuidas a COVID-19 por la revisión que se hizo de la causa de muerte en las actas de defunción. En cambio, el sistema de vigilancia epidemiológica registró sólo 334,196 por COVID-19. El sistema de información utilizado por las autoridades para la toma de decisiones y la comunicación a la sociedad dejó de captar alrededor de 35 de cada 100 muertes por COVID.
De acuerdo con el informe, la segunda ola, con pico en enero 2021, fue la más mortal de toda la emergencia. Tan solo en diciembre de 2020 y enero de 2021, ocurrieron en el país más de 153 mil muertes en exceso. En esta coyuntura crítica, cita el informe, ocurrió una falta grave por parte de las autoridades, quienes, incumpliendo lineamientos oficiales, utilizaron datos falsos o incorrectos para el cálculo del semáforo de riesgo y pospusieron la implementación de medidas sanitarias. En parte como resultado del incumplimiento de las autoridades, la CDMX aportó el 24% de las muertes en exceso durante diciembre 2020-enero 2021 (sin contar la zona conurbada), a pesar de que representa sólo 7.3% de población total del país. La caída en esperanza de vida al nacer en la CDMX para ese año fue 9.2 años, más del doble de la caída nacional.
A futuro habrá consecuencias derivadas de la mala estrategia pues la reducción de la esperanza de vida entre 2019 y 2021 es de entre 4 y 4.6 años en México. Esto significó, según el informe, un regreso a niveles de esperanza de vida de hace aproximadamente 30 años. 76% de esta disminución ha sido atribuida directamente a muertes por COVID-19. La caída en esperanza de vida en México es aproximadamente 2.4 veces más alta que la mundial (1.6 años). Al iniciar la pandemia, había 30.1 millones de alumnos matriculados en el sistema de educación básica y media superior (modalidad escolarizada); al salir de la emergencia, se redujo a 28.8 millones (-4.2%).
Los datos antes expuestos son solo una muestra del resultado del informe que todo mexicano debe leer. Si bien la pandemia fue mundial y difícilmente alguien podría escapar, los gobiernos debían asumir su deber de proteger de la mejor manera a sus ciudadanos, garantizarle el derecho a la salud, entre muchos otros, privilegiando la ciencia y no la charlatanería y ocurrencia. Como se dijo al inicio, los gobiernos no deben interferir en el ejercicio de los derechos humanos, pero sí deben generar las condiciones para que sea efectivos, mayormente en situaciones vividas como la pandemia COVID-19.
*Especialista en derechos humanos
