Paloma Estrada Muñoz y Juliana García Quintanilla
La lucha histórica por hacer una realidad en la práctica los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido llevada a cabo por los movimientos feministas en todo el mundo, desde las comuneras de París que participaron en la insurrección contra la monarquía, las sufragistas que exigieron el derecho al voto desde la movilización en las calles, las obreras textileras que realizaron las huelgas que motivaron el establecimiento del 8 de marzo como fecha para conmemorar el día internacional de las mujeres trabajadoras, las obreras rusas que iniciaron la insurrección en Petrogrado que estableció el primer gobierno socialista en 1917, las mujeres que llevaron a cabo el primer congreso feminista en Yucatán durante la revolución mexicana, las mujeres que lograron el establecimiento del derecho al voto en México en 1953 o las grandes movilizaciones feministas durante la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres en México en los años 70 convocada por la ONU, así mismo las mujeres indígenas que se levantaron en el sureste mexicano durante el movimiento zapatista de 1994, así como las luchas por el derecho a decidir y las protestas por el feminicidio en Ciudad Juárez que motivaron la sentencia sobre el Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Belém Do Pará en Brasil y las acciones legislativas que concluyeron en la tipificación del feminicidio y el establecimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su mecanismo de Alerta de Violencia de Género para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, son algunos de los acontecimientos que se requiere tener en cuenta a la hora de valorar el resultado de las elecciones en México que llevaron a la primera mujer presidenta y en Morelos la primera Gobernadora.
En un país donde prevalecen prácticas y estructuras de dominación patriarcal que imponen violentamente sus decisiones por encima de los derechos de las mujeres, es necesario valorar lo que significa que sean mujeres las que estén al frente del gobierno, porque se abren nuevos escenarios y se enfrentarán retos que la sociedad requiere y necesita urgentemente para que haya transformaciones de fondo en la vigencia de los derechos humanos en todos los ámbitos.
Las mujeres participan actualmente en muchos escenarios. Uno de ellos es el de los pueblos indígenas, donde al igual que los hombres, participan en asambleas, reuniones, comisiones y actividades múltiples que permiten avanzar en la lucha en defensa de la tierra y el territorio, los derechos colectivos, el respeto a la madre tierra y los saberes ancestrales, la lucha por la autonomía y la libre determinación. Así es actualmente en la lucha que se lleva a cabo en las comunidades indígenas en Morelos, donde se ha avanzado en la coordinación de pueblos y municipios indígenas, y podemos afirmarlo por la experiencia del Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para la Creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, electo en asamblea y que presentó la solicitud desde diciembre de 2019 ante el Congreso del Estado de Morelos. Ahí hemos demostrado la capacidad colectiva para fundamentar legal, jurídica, social y políticamente este derecho que tiene el pueblo a ser reconocidos plenamente por todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Lo mismo ocurre en la lucha en contra del feminicidio en Morelos. Desde el año 2000 a la fecha se han documentado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos más de 1,300 casos de violencia feminicida, lo que llevó al establecimiento de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios en agosto de 2015. A 9 años de su decreto, la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, no ha cumplido plenamente su tarea para que el Gobierno del Estado lleve a cabo todas las medidas de seguridad y justicia para atender, prevenir, investigar y sancionar para erradicar el feminicidio en la entidad morelense, para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos nuestros informes han sido públicos y los hemos entregado a todas las autoridades para su conocimiento y atención, de tal manera que se instrumenten políticas públicas a la altura de lo que se requiere para evitar que sigan ocurriendo muertes violentas de mujeres que, de acuerdo al protocolo de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, deben ser investigados como feminicidios y sancionados acorde a lo establecido en el Código Penal para evitar la impunidad en la mayoría de los casos.
No es distinto el panorama de las desapariciones de personas que se han venido incrementando al amparo de una descomposición social y políticas de militarización de la seguridad pública que, en lugar de disminuir los niveles de violencia, se ven incrementados en todo el país, como lo han demostrado los colectivos de madres buscadoras que no escatiman esfuerzos para encontrar a sus seres queridos ante la indolencia de las autoridades y la ineficacia de los mecanismos de búsqueda.
Estos son algunos de los escenarios que requieren atención urgente por parte de quienes, una vez concluida la jornada electoral y su calificación, tomarán las riendas del poder ejecutivo estatal y federal y a quienes desde ahora mismo estamos solicitando pongan toda su atención en temas que, desafortunadamente, no tuvieron la relevancia que merecen, durante el pasado proceso electoral, como en su momento señalamos. Sin lugar a dudas, así como se lo hemos demandado a los gobiernos precedentes, haremos lo mismo con quienes llegan al poder, ya que, como lo hemos acordado con organizaciones sindicales y sociales independientes al igual que con pueblos indígenas en pie de lucha, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Estaremos no solamente esperando a que cumplan con el respeto a los derechos, sino que también lo estaremos exigiendo a través de todas las instancias correspondientes. ¡Porque amamos, luchamos!
