No hace mucho tiempo, cuando el gobierno en turno administraba las elecciones, solían presentarse situaciones que podrían despertar sospechas sobre la legalidad de los procesos electorales. El más claro ejemplo es la famosa caía del sistema en los comicios del 6 de junio de 1988, los últimos que organizó el aparato estatal a través de la Comisión Federal Electoral.
De aquellas elecciones resultó electo Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República y se desarrollaron en un contexto novedoso con mayor apertura a la oposición que abanderaban Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas. La ciudadanía se volcó a las urnas, se reportaron diversas irregularidades y las sospechas se incrementaron cuando comenzó a fallar el sistema -bastante arcaico para los actuales estándares- de resultados preliminares.
A pesar de que oficialmente nadie sabía el avance del conteo, en la madrugada del 7 de junio se anunció el triunfo “rotundo, contundente, legal e inobjetable” del candidato del PRI, y la Comisión Electoral tuvo que admitir que los avances del conteo no se habían hecho públicos porque el sistema [de cómputo] simplemente se había caído.
36 años después, México está en otra situación. Los sospechas del amañamiento de las elecciones eran tantas que el sistema electoral se llenó de redundancias y candados, con lo que se logró que, poco a poco, la ciudadanía volviera a creer en las elecciones como una alternativa real para elegir a los gobernantes.
En esas estamos y en el proceso electoral actual el sistema electoral se ha afinado a tal grado, y se ha conseguido tal nivel de certeza, que aún el sistema de resultados electorales preliminares reporta resultados muy cercanos a los que después confirma el cómputo definitivo; son avances que no debemos olvidar y, más bien, hay que cuidar.
De la misma forma ha avanzado el contexto legal y se cuenta con leyes específicas a cuyo amparo cualquiera que considere tener pruebas de irregularidades puede acudir antes las instancias correspondientes, y no es necesario que las diferencias en los resultados sean mínimas y que una queja o la situación de una sola casilla pudiera cambiar el rumbo de todas las elecciones: basta que se detecte alguna anomalía para aclararla o, en su caso, prevenirla para el siguiente proceso electoral. Las quejas y las denuncias son importantes y precisamente han sido éstas las que han permitido depurar nuestro sistema electoral a lo largo del tiempo.
El sistema electoral es un logro de varias generaciones de mexicanos y no se puede poner en duda simplemente porque a algunos de nosotros no nos hayan gustado los resultados. Tampoco es justo para nuestros vecinos que participaron como escrutadores y funcionarios de casilla arrojar sombras de duda sobre su esfuerzo desinteresado.
Las alternativas y tiempos legales son claros. Aún falta que conozcamos los resultados oficiales, pero la paciencia también es una virtud de la democracia, como dicen en el beisbol: “esto no se acaba, hasta que se acaba”.