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El 5 de junio de 2009, Hermosillo (la ciudad donde nací y crecí) vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia: el incendio en la guardería ABC. Recuerdo bien esa tarde. Parecía un viernes como cualquier otro; yo terminaba una jornada laboral, me sentía cansado y me molestó que, en una de las principales arterias viales de la ciudad, unas 10 patrullas interrumpieran la circulación. “Ha de ser otra de sus exageraciones”, pensé.

Después llegué a casa y una de mis hermanas estaba viendo las noticias locales en la televisión. Fue entonces cuando me enteré de la terrible verdad: había habido un incendio en una guardería y había niñas y niños heridos de gravedad. Pronto comenzó el conteo: 5 fallecidos, 10, 20. Al final, 49 niñas y niños murieron en los terribles hechos.

Dudo mucho que alguien de Hermosillo no se haya enterado de la noticia o le haya afectado de alguna manera en su cotidianeidad. Las víctimas eran infantes totalmente inocentes. Rápidamente, muchas y muchos sentimos que era algo a lo que simplemente no podíamos ser indiferentes. Aún lo sentimos de esa manera.

Poco a poco nos fuimos enterando de la verdad: se trataba de una guardería subrogada por el IMSS y operada por particulares, la cual, a pesar de que contaba con permisos en regla, no tenía las condiciones adecuadas para resguardar a niñas y niños. Fue así como las evidencias llevaron a la conclusión de que la tragedia fue producto de la corrupción, de una colusión entre funcionarios públicos y socios de la guardería ABC.

¿Qué ha pasado durante los 15 años transcurridos desde la tragedia? Evidentemente, muchas cosas; desde la perspectiva legal o jurídica, una ausencia prácticamente absoluta de justicia. Además de las 49 muertes, hay alrededor de 100 personas (ahora adultas) que tienen secuelas debido al incendio. Sin embargo, ninguna autoridad o socio de la guardería está preso. Queda claro que la corrupción y la avaricia matan; pero no sólo eso, en este caso la corrupción se ha abrazado de la impunidad para heredarnos un panorama especialmente sombrío.

También es verdad que hay aspectos que, si bien no evitan la indignación por la falta de justicia, dan gusto ver. Otro de los resultados de estos 15 años ha sido la construcción de un vigoroso movimiento social que cuando toma las calles une a activistas experimentados con nuevas generaciones (la marcha del pasado 5 de junio en Hermosillo es una muestra de ello). Hoy en día, algunas madres y padres de las víctimas son líderes sociales o voces públicas en Sonora, lo cual han logrado ⎯en buena medida⎯ gracias a sus justas exigencias.

Hay dos figuras públicas que no quiero dejar de mencionar por el lamentable papel que han tenido en el contexto de la tragedia. Por un lado, Margarita Zavala, quien ha defendido a su prima Marcia Matilde Gómez del Campo (socia fundadora de la guardería) para que no afronte sus responsabilidades. Por otro lado, Claudia Pavlovich Arellano, ex gobernadora de Sonora y hoy en día cónsul de nuestro país en Barcelona; Pavlovich era diputada local cuando el incendio y expidió cartas donde avalaba la “solvencia moral” de dueños de la guardería.

No quisiera que pasara desapercibido que Claudia Pavlovich ocupa un cargo público hoy en día. Si bien las autoridades del pasado reciente y los socios de la guardería son los principales responsables, funcionarios públicos de la actualidad tampoco han tenido una actuación plenamente solvente. No olvidemos que, durante este sexenio, padres y madres de víctimas de la tragedia han realizado diversas acciones de protesta donde denuncian que no han recibido el trato que merecen.

Por ejemplo, como se publicó en la edición nacional de este periódico, Karla Maritza Gutiérrez Gastélum (sobreviviente del incendio) señala que “Las autoridades dicen que soy una niña expuesta, es decir, que solo estuve en la Guardería, no quieren reconocer el daño que me dejó el humo tóxico que respiré”. Por este tipo de cuestiones, en próximas entregas expondré por qué, a pesar de que el pesimismo prácticamente absoluto de la oposición me parece injustificado, tampoco me convence el desbordado optimismo de simpatizantes y líderes de la 4T.

Han sido 15 años de sinsabores por la permanencia de la impunidad. Mientras hay familias enteras que viven un duelo permanente por muertes injustas y secuelas de por vida, funcionarios públicos y socios de la guardería (quienes tienen responsabilidades bien documentadas) se encuentran en libertad. Con todo, el temple y la claridad política de víctimas y simpatizantes del movimiento por justicia es admirable.

Así quedó claro con lo que expresaron en el antimonumento que instalaron en Hermosillo: “este antimonumento será para todas y todos una dolorosa llamada de atención, pero para el gobierno será una sombra incómoda que lo perseguirá y le confrontará en su incumplimiento”.

*Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora.