Juan Alberto Alva Álvarez*
Siempre en el marco de lo económico y siguiendo el hilo conductor de otros escritos que vinculan a los derechos humanos, en esta ocasión, pretendo destacar que en México la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en importantes pilares de la Administración Pública, ya que las decisiones que se tomen por parte de las autoridades, además de ser en su beneficio, deben estar al alcance de la ciudadanía de una manera accesible; en ese sentido, debe haber una mayor vigilancia de los recursos públicos en estricto apego a la ley.
Así, en principio, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que su objeto es proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Esto resulta relevante pues todo ente público se encuentra obligado a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos públicos que ejerce, ante ello, en la propia legislación se establecen diversas obligaciones de transparencia que dan cuenta de ello.
Ante esto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone cuáles son las obligaciones de transparencia, entre las que se encuentran publicitar los gastos de representación y viáticos, aquellos relativos a los gastos de comunicación social, las remuneraciones de los servidores públicos, así como los gastos de adquisición y de contrataciones que se hagan por parte de los sujetos obligados.
Debe precisarse que, de manera anual, el Gobierno Federal otorgar recursos a sus dependencias y entidades para la atención de sus atribuciones, así como de los programas sociales, del mismo modo, se entrega un presupuesto a las entidades federativas para atender las necesidades de las mismas, ello por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para ello, el Gobierno Federal, al cumplir con lo que le mandata la Ley General, cumpliría con su obligación de transparentar los recursos que ejerce, disponiendo además una serie de medidas para transparentar el uso de recursos públicos, como la implementación de la página de “Transparencia Presupuestaria” que tiene como objetivo hacer accesible la información sobre el gasto del presupuesto.
Además, se ha implementado la página de “Nómina transparente”, en donde, en cumplimiento a una de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General se publican las remuneraciones brutas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
En ese orden de ideas, se puede arribar a la conclusión de que la economía a nivel gubernamental está ligada al término transparencia y la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados, pues todo ciudadano tiene derecho a conocer la forma en que se gastan los recursos públicos federales que ejercen, sin mayor dilación, pues como se ha dicho, es una obligación de transparencia.
Una vez dispuesto lo anterior, es menester concluir que no basta con que se hagan estas acciones por parte del Gobierno en cualquier ámbito (federal, estatal y municipal), pues además de poner al alcance de la ciudadanía estas herramientas, la información en relación con el gasto de los recursos debe ser veraz, eficaz y comprensible para cualquiera, y con ello dar cuenta de una economía transparente de los recursos públicos que ejercen las autoridades, tomando en consideración que muchos de esos recursos son para obras y programas en beneficio de las propias personas.
Por último, debe hacerse un llamado a las autoridades a que cumplan con las obligaciones de transparencia que mandatan las Leyes correspondientes y rendir cuentas de manera eficaz a la ciudadanía.
* Abogado por la Facultad de Derecho, y estudiante de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM.
