LA REFORMA JUDICIAL DE AMLO, VA
Cuando hablamos de qué México se requieren reformas constitucionales o estructurales que ayuden a la viabilidad, a la gobernabilidad, a la estabilidad económica y al desarrollo de México, sin duda debemos de pensar en reformas que le generen paz social, desarrollo económico, oportunidades de empleo, y una mejor calidad de vida a cada ciudadana y ciudadano del país.
Lo ocurrido el pasado 2 de junio en México, decíamos hace algunas semanas, es la realidad de la necesidad del pueblo de México, cuando dijimos que vivíamos en un país de 3 mil pesos asumimos que hoy la gente prefiere protección social, dádiva y asumir que las cosas marchan mejor en virtud de que su propia realidad así lo presuma, sin que esto de manera general lo presuponga o lo afirme, en fin, esa fue la decisión del pueblo de México.
Y es que no se necesita ser un erudito en materia de encuestas, de estadística electoral o de marketing político para entender que las preguntas que se hicieron el pasado fin de semana en la encuesta que ordenó el Presidente de la República, la virtual Presidenta electa de México y su partido, fueron a todas luces, encaminadas a que quien votara respondiera lo que ellos estaban esperando, ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? ¿Como deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Es simplemente justificar la decisión que hoy ha tomado Claudia Sheinbaum, el aún Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e incluso la totalidad de las Legisladoras y Legisladores Federales que se reunieron con Claudia Sheinbaum en la CDMX.
Dicha reunión nos deja claro que relación tendrá la Presidenta de México con sus Legisladores, y sobre todo con los hombres y mujeres de poder para el próximo sexenio.
La Reforma Judicial servirá para dejar claro que las decisiones que se tomen desde el centro del poder en México, es decir desde la Presidencia de la República, son irrefutables, son irreductibles y poco negociables, de a poco le respetan al Presidente, su visión de centralismo, pero dicta en sí mismo el rumbo que tomará la nación respecto de la sumisión absoluta de los Poderes de la Unión, al poder absoluto del Poder Presidencial.
Y en ese sentido, no podemos hacer mucho porque la Reforma Judicial, se dará sí o sí, y habrá que esperar cuáles serán las reglas de operación, para que en palabras del Presidente de la República, la parte irreductible de la reforma a la que ha convocado la Presidenta de México a un análisis exhaustivo, a un análisis amplio de sectores, organizaciones, asociaciones de magistrados, jueces, colegios de abogados, estudiantes de derecho en fin y en la que ha pretendido con esta encuesta involucrar a la sociedad civil la parte irreductible decía, será la elección de ministros, jueces y magistrados.
Esta acción, por demás populista, pone en riesgo la gobernanza, la autonomía de los poderes, la estabilidad en las decisiones judiciales no sólo del Estado mexicano, sino la gobernabilidad y la estabilidad social de las entidades que conforman la República.
El riesgo se correrá en cuanto a las decisiones de jueces, magistrados, ministros, es decir, la impartición de justicia pudiera dejar de ser como lo dicta la Constitución, imparcial, expedita, pronta, pero sobre todo apegada a estricto derecho.
Habrá que estar en los próximos meses muy pendientes de los alcances sobre todo al inicio de la legislatura federal que esta próxima a instaurarse, este mes de septiembre.
Entramos un poco en materia al pretender reformar el artículo 95 de la Constitución mexicana, para que en adelante los jueces sean elegidos por voto directo y secreto por un periodo de 12 años y no de 15 como es actualmente, habría que pugnar porque fueran electos sólo por seis años para que trabajen dando resultados de justicia a la población, y en ese caso, yéndonos un poco más al análisis del porqué de la reforma, habría que pugnar también para que estos jueces, y magistrados, estuvieran sujetas o sujetos a la revocación de mandato.
Y sólo para no dejar de comentar lo ocurrido en días pasados la DEA, esta agencia norteamericana, de lucha contra las drogas en USA, ha dejado claro al parecer en un memorándum que la Reforma Judicial, abriría la posibilidad a que los carteles de las drogas en México, es decir, 13 carteles de las drogas en México, más o menos estarían prestos a proponer desde el poder absoluto de sus finanzas, de sus alcances en política, a sus abogadas y a sus abogados para que arriben a los sistemas o a los poderes judiciales en las entidades de la República, donde tienen intereses políticos, económicos e incluso sociales. Lo que significaría un riesgo total para la viabilidad, la tranquilidad social, pero sobre todo para la impartición de justicia en México, lo que traería consecuencias desastrosas para la sociedad y su cotidiano vivir en el país.
Por qué si hablamos un poco de cómo está conformado el presidencialismo en México, la parte fundamental de esta forma de gobierno es precisamente la división de poderes y como sostuvimos desde hace algunos meses el Estado de Derecho está en riesgo, si los Poderes de la Unión no son totalmente autónomos en sus decisiones, en su operación, en el desarrollo de su trabajo, pero sobre todo no son totalmente autónomos en su administración, en su integración y en sus decisiones por el bien de México, de su democracia, y sobre todo de su gobernabilidad.
Muchas gracias.
Nos leemos en la próxima. Éxito para tod@s.
*Padre de familia, político y soñador en busca siempre de un mejor Morelos para todos.