Los resultados de las pasadas elecciones fueron tan apabullantes a favor de los ganadores que la realidad salió de los escenarios que debían haber previsto los que terminaron en los siguientes escalones del podio.
Antes de las elecciones, algunos líderes de los partidos -a nivel nacional y local- calculaban que podrían asegurarse cargos de elección popular, generalmente en aquellos que podrían haberse considerado “seguros” por puras matemáticas.
Pero la realidad del 2 de junio, y la aplanadora de Morena y sus aliados, resultó una dura incógnita para despejar en la ecuación política del bando opositor. Así perdió su registro el Partido de la Revolución Democrática a nivel federal –“no lo vimos venir” aceptó el propio Jesús Zambrano cuando anunció la desaparición de su partido- y varios partidos con registro local aquí en Morelos.
El caso es que en el Partido Revolucionario Institucional local su dirigente, Jonathan Márquez Godínez, intentó asegurarse el hueso en el Congreso local a como diera lugar, incluso consiguió una carta de autoadscripción como miembro de los pueblos originarios de México para emplear dudosamente una acción afirmativa a su favor. Los primeros resultados permitían considerarlo como nuevo diputado local, pero después vino el ajuste a raíz de otra acción afirmativa -esta vez por género- y tuvo que ceder su lugar a una de sus correligionarias.
Lejos de la resignación, Márquez impulsó un recurso legal que le podría costar la curul a su compañera de partido. En esas estábamos cuando ayer trascendió una demanda en su contra -que es el último eslabón en un pleito que viene de mucho más atrás- interpuesta por un excolaborador del propio PRI quien se quejó de lo mal que lo trataron ahí y ganó un juicio pero no pudo cobrar la compensación porque Márquez habría logrado vaciar las cuentas “congeladas” dejando a la organización sin fondos para pagarle.
No solo eso, según se dice en la denuncia, el líder priista presionó -y supuestamente abusó del nombre de su candidata a la gubernatura- para que la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Especial número cuatro, Jannete Avilés Cruz, le permitirá hacer uso de los recursos, por lo que ahora, ella también obra en la denuncia del extrabajador.
Como lo demuestra su intento por colarse al Congreso, a Jonathan Márquez le tiene sin cuidado llevarse entre las espuelas a quien sea, así es que no creemos que la suerte de la Presidenta Local de Conciliación y Arbitraje le quite el sueño. Antes bien decidió vaciar las cuentas para evitar cumplir con la ley. Este caso le da las últimas pinceladas al retrato de cuerpo entero de este político local; retrato que causa confusión en más de uno, como reconoce Andrea Acevedo, vocera de la colectiva “Divulvadoras”, quien, refiriéndose al caso de la batalla por la curul, afirma que el dirigente del PRI en Morelos “utiliza recursos muy confusos para tratar de impugnar un espacio que ya fue otorgado a una mujer” y que, de lograrlo, sería un atentado contra los derechos de las mujeres y grupos vulnerables.
Lo que lleva a preguntarse ¿en serio, para hacer ese tipo de cosas, querían regresar?
