Cualquier adolescente sabe que sin independencia financiera la autonomía es una falacia. La dependencia económica es la mayor forma de control. Por ello, la imposición de obligaciones financieras a las instituciones puede considerarse como una perversidad si se hace de forma consciente, o una enorme irresponsabilidad si se debe a no observar los principios de elemental lógica económica.
Más allá de las probablemente censurables prácticas en que algunos funcionarios públicos incurren para, en el área de lo legal pero inmoral, obtener jugosas jubilaciones con cargo al erario; la responsabilidad del Congreso local en materia de retiros resulta enorme y no se está cumpliendo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de cientos de decretos jubilatorios que han tenido que ser parcialmente anulados porque el Legislativo no canalizó los recursos a la entidad a que condenó (en este caso está bien aplicado el término) a pagar pensiones que exceden sus posibilidades. Los órganos autónomos de Morelos padecían hasta ahora lo que parecía un eterno peregrinar para conseguir ampliaciones de recursos que les permitieran pagar decretos de jubilaciones y pensiones de personal que había trabajado muy poco tiempo en ellos y los había usado, probablemente, como solo una plataforma para garantizar un mejor acuerdo jubilatorio.
La sentencia de la Corte a la controversia constitucional 449/2023 interpuesta por el órgano electoral local, busca terminar con la forma poco responsable con que el Congreso autoriza jubilaciones sin aportar los recursos necesarios para cubrirlas.
Eso podría resolver una parte de un problema que tiene, por lo menos, otras tres: primero la permisividad de las leyes y reglamentos para, incluso violando principios del servicio civil de carrera permitir que funcionarios públicos se ubiquen en buenos puestos para poderse jubilar, incluso antes de tiempo, con abultadas pensiones; segundo, el derecho de los burócratas a tener una pensión digna, compatible con su nivel salarial; y tercero, el fondeo de las pensiones de cientos de burócratas que, cada año determinan retirarse de la vida laboral y que se vuelve una carga presupuestal enorme para los limitados recursos del gobierno estatal (en tus tres poderes) y de los organismos autónomos.
La tarea no es sencilla, durante más de seis años se ha discutido la urgencia de un instituto de pensiones para el estado, de modificar las leyes para hacer sostenible la carga jubilatoria, de afinar los reglamentos y las sanciones para evitar abusos de la burocracia “dorada” en el trámite de sus pensiones. Parece que nadie quiere “ponerle el cascabel al gato” y empezar a trabajar seriamente sobre el asunto que es urgente porque, basta echar un vistazo a las finanzas de los órganos autónomos, cada día que pasa nos acercamos más a una crisis que impediría el pago de pensiones. Y nadie puede querer eso.
