¿Deben las grandes petroleras y cementeras ser juzgadas por homicidio?
(Segunda y última)
Antonio Sarmiento Galán*
Gracias a documentos internos y estudios públicos descubiertos por defensores, abogados y periodistas [1], ha quedado claro que las principales compañías petroleras tenían un conocimiento detallado de los riesgos que planteaban sus productos décadas antes de que comenzaran a hacer campaña contra los pactos climáticos globales y las políticas nacionales.
Braman cree que —a medida que los daños climáticos aumentan, y como evidencia de lo que las compañías de combustibles fósiles sabían, se combinaron y conspiraron para ocultarlos— cada vez más jurisdicciones pensarán: esto es una conducta criminal.
Una acusación penal no carecería de precedentes. TotalEnergies, la multinacional petrolera francesa, enfrenta una denuncia penal [3] por “acción climática” que grupos activistas presentaron ante una fiscalía francesa; pero los fiscales seguramente enfrentarían una respuesta enorme y bien financiada por parte de los productores de combustibles fósiles.
Scott Lauermann, del Instituto Americano del Petróleo (IAP), menciona que el historial de las últimas dos décadas demuestra que la industria ha logrado su objetivo de proporcionar energía asequible y confiable a los consumidores estadounidenses al tiempo que reduce sustancialmente las emisiones y la huella ambiental; cualquier sugerencia en contra es falsa.
Muchos teóricos del derecho también se mostrarán escépticos: John Coffee Jr, profesor de Derecho en Columbia, no cree que un proceso penal por cargos de homicidio contra las principales compañías petroleras sea apropiado o pueda sostenerse.
La industria podría argumentar como usualmennte lo hace el IAP [2], que no hay suficientes pruebas que vinculen la conducta de empresas específicas con niveles específicos de calentamiento o daños en diferentes jurisdicciones. Podrían añadir que su conducta era legal, vendiendo un producto que los consumidores de todo el mundo demandaban. En última instancia, correspondería decidir a los jueces.
Cuando Arkush y Braman contactaron fiscales, les sorprendió la rapidez con la que su idea parece haber ganado apoyo. Las objeciones o el escepticismo, generalmente no se basan en argumentos legales sino en la dificultad práctica y política de presentar cargos contra empresas que todavía se hayan entre las más rentables y poderosas del mundo.
El objetivo no es castigar individuos ni buscar represalias; no imaginan que un proceso civil ponga a alguien en la cárcel. En cambio, los procesos penales pueden dar lugar a cambios relevantes que podrían ser más difíciles de lograr con demandas civiles. En el caso de Purdue Pharma, se propuso un acuerdo que impondría limitaciones a la empresa y dirigiría los ingresos futuros a financiar programas para abordar la adicción.
Imagínese un proceso exitoso sobre las grandes petroleras que resulte en la reescritura de sus estatutos corporativos para exigir que se concentren en acelerar la transición a la energía limpia y en compensar a las personas por los daños causados. Una condena o un acuerdo, señala Arkush, podría resultar en una liquidación estructurada de la inversión y producción de combustibles fósiles de una empresa determinada, al tiempo que las ganancias de cualquier producción en curso se orientan a promover la energía de fuentes renovables.
Esta es una de las conductas criminales más dañinas en la historia de la humanidad que no se reconoce como tal; es importante que se reconozca así y que pensemos en estos actores como delincuentes ya que eso podría tener enormes efectos en nuestra capacidad para lograr soluciones climáticas.
Citas
[1] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4335779
*Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM
