El IEBEM, violador de derechos humanos
Difícilmente uno sugeriría cualquier forma de renuncia a la exigencia que la ciudadanía y los usuarios de las instituciones debieran tener sobre quienes ejercen el mando de éstas. Pero pedirle a la actual administración que corrija la colección de pifias, abusos, incapacidades, yerros, insuficiencias, omisiones, que ha sido el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) bajo el mando de Eliacín Salgado de la Paz, parece absurdo.
Las reiteradas denuncias contra la administración del IEBEM de maestros, administrativos, especialistas en educación que aparecen por lo menos una vez por semana en los medios de comunicación desde hace por lo menos tres años y evidencian violaciones más que graves a múltiples derechos ciudadanos, en lo laboral a la estabilidad, el pago justo, el respeto a las conquistas laborales, el trato digno, la legalidad; en lo educativo, las violaciones son mucho más graves y van desde el derecho de la niñez y juventud a una educación de calidad, hasta los derechos a la seguridad y el acceso a espacios escolares.
Si las denuncias son ciertas, y la multiplicidad de voceros, las documentales, la identificación sencilla de modus operandi reiterados para cada falta que se repite incluso de nivel a nivel, resultará que el principal violador de los derechos humanos en Morelos podría ser el Instituto de la Educación Básica, con casos que se cuentan por cientos (algunos consideran que hasta por millares). Como la educación pública tiene sus propios procedimientos para dirimir las controversias, y muchas de ellas pasan por el filtro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que atiende la mayoría de las que quedan en su cancha, el conteo puntual de los casos es mucho más complicado y la gran mayoría de ellos no quedan registrados como violaciones a los derechos humanos, aunque en esencia lo son pues provienen de una autoridad que tiene el monopolio regulador de la educación básica estatal y afectan lo mismo a trabajadores que a estudiantes y padres de familia, es decir, a la población que se supone debieran atender y proteger.
La perspectiva de los derechos humanos considera que debe garantizarse a las víctimas (en este caso quienes padecen las pifias de la administración del IEBEM, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En este caso, tendría que investigarse a la dirección del IEBEM para encontrar, además de Eliacín Salgado, responsable principal de lo que ocurre en la educación básica del estado, a todos los responsables de la crisis de legalidad en un sector educativo al que han vuelto desde la venta de plazas hasta el maltrato a los estudiantes y la negativa del servicio educativo (según las denuncias conocidas), ellos pueden estar en mandos menores, direcciones de escuelas, supervisiones, jefaturas de departamento y direcciones de nivel; pero también hacia arriba en la estructura, subsecretarios, secretarios y hasta el gobernador. Difícilmente ocurrirá ello porque, salvo actos de corrupción evidentes y muy comprobables, la autoridad gubernamental suele hacer poco en contra de quienes le sirvieron.
La justicia podría darse en la medida en que las nuevas autoridades que idealmente ingresarán el primer día de octubre inicien la restauración del sistema educativo conforme a derecho, garanticen el acceso de la niñez y la juventud a escuelas seguras, de calidad, eficientes, y suficientes para todos; y el de los maestros a sus derechos laborales y conquistas sindicales justas. En esto parece que la gobernadora electa, Margarita González Saravia, tiene sensibilidad y proyecto suficiente, además de voluntad política para modificar su proyecto y extenderlo de acuerdo con las necesidades del profesorado y el alumnado.
La reparación es más complicada; impedir el acceso a un sistema educativo seguro y de calidad es una falta que parece irreparable pues la educación es algo que ocurre en el tiempo, si un menor no tuvo un buen primer grado de primaria no podrá recuperarse por las vías normales, se requiere un esfuerzo de parte suya, de sus padres, de los maestros, y de toda la comunidad. La nueva autoridad educativa tendría que trabajar también en un programa para atender los rezagos que, parte por la pandemia, pero mucho más por la indolencia de la autoridad educativa existen en Morelos.
Y aunque la no repetición del daño parecería bastante simple, nomás no nombrar a los mismos o a personajes coaligados con ellos como autoridades educativas locales; lo cierto es que hace falta el trazo de protocolos integrales de atención, de nuevas normas que impidan la discrecionalidad, de herramientas que efectivamente transfieran el poder de la autoridad educativa a los maestros frente a grupo, a las comunidades escolares y que permitan a la dirección del IEBEM convertirse en el facilitador de la educación de calidad que se suponía su misión en aquél primer trazo en 1992. Porque es cierto que muchos de los actuales funcionarios de la educación básica son terribles seres humanos y pésimos servidores públicos, pero también lo es que hay un sistema de selección que permitió que estuvieran ahí, que hicieran lo que les vino en gana y hasta los protegió de las sanciones de que aún son merecedores.
El enfoque de derechos humanos permite identificar en este caso las tareas pendientes para la nueva administración en materia de corrección del gobierno de la educación básica. Las labores de cambio pedagógico, de transformación escolar, de la arquitectura para la transmisión de conocimientos son otro pendiente del que hablaremos en otra entrega. Por lo pronto, urge con la reparación y la no repetición podríamos darnos por servidos, sobre todo en un estado y un sector donde la verdad y la justicia parecen demasiado lujo. Esas después podremos exigirlas.
@martinellito
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