José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque pase de un gobierno a otro, solamente concluyen cuando se logra establecer la verdad de los hechos, localizar a las personas desaparecidas y lograr que haya justicia y garantías de no repetición.
Éste 26 de junio estaremos a tres meses de que se cumplan 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y desde las organizaciones sociales y sindicales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento hasta lograr que haya verdad y justicia.
Estaremos pendientes de la próxima reunión que el 3 de julio tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Palacio Nacional. Las familias y el pueblo seguimos esperando respuesta a la exigencia de los 886 folios que el ejército no ha entregado, la extradición de dos funcionarios y una reunión con la nueva presidenta electa Claudia Sheinbaum para que dé seguimiento al caso.
El presidente no ha presentado avance alguno en términos de búsqueda y de investigación, solamente informó de más de 250 búsquedas en campo, pero no se tiene una sola identificación que corresponda a los estudiantes, es decir, resultados sustantivos no se tienen. Los procesos legales en lugar de tener victorias se han tenido derrotas porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad.
En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación, el presidente dijo que no se puede avanzar porque México no tiene tratado con Israel, y la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla de Iguala, es un personaje clave porque de ahí fueron sacados 17 estudiantes y llevados a otro lugar, sin embargo, Estados Unidos otorgó un juicio político sesgado porque no se valoraron declaraciones que existen contra él.
A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados de los familiares de los 43, las madres y padres nuevamente van con la esperanza que, en la próxima reunión del 3 de julio, Andrés Manuel López Obrador tenga resultados consistentes y confiables.
Por ello es que lamentamos y reprobamos la campaña de ataques que en las mañaneras realiza el Presidente contra las organizaciones de derechos humanos del Centro Prodh y Tlachinollan que asesoran a los familiares de los 43 de Ayotzinapa, por lo que demandamos un alto a la criminalización de quienes han demostrado su solidaridad y acompañamiento durante casi 10 años con honestidad y compromiso.
Al respecto el Centro Prodh ha señalado claramente que: Cuando se señala al Ejército en el caso Ayotzinapa no es por consigna ideológica ni por debilitar a la institución, es sobre todo por irregularidades ocurridas antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014. Antes, por la ilegal infiltración a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y por los probados vínculos de militares de Iguala con Guerreros Unidos. Durante los hechos donde los estudiantes fueron desaparecidos, por que el 27 de septiembre, atestiguó sin intervenir la desaparición y después de los hechos violatorios de los derechos humanos, porque en el pasado y ahora la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido opaca y sigue defendiendo a militares acusados.
Como ya lo hemos clarificado, el trabajo de las organizaciones civiles que acompañan el caso Ayotzinapa (@FundarMexico, @Tlachinollan, @Serapaz y @CentroProdh) nunca ha ido en contra de los intereses y derechos de las familias, ni ha incluido reuniones a sus espaldas.
Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos respaldamos a nuestros compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Tlachinollan, quienes desde hace décadas hacen un trabajo fundamental y serio en Chiapas y Guerrero, respectivamente, por lo que no merecen sufrir los ataques que lleva a cabo el Presidente López Obrador.
El presidente se comprometió a que la presidenta electa Claudia Sheinbaum asista a la reunión del 03 de julio, para darle seguimiento al caso; las madres y padres esperan el cumplimiento de ambos, a pesar de que este tema no figuró entre los compromisos que tuvo como plataforma de campaña Claudia Sheinbaum. Precisamente en un mitin en Chilpancingo, los normalistas de Ayotzinapa hicieron la exigencia a la presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo que no dé carpetazo a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y haga un pronunciamiento público contra la impunidad y a favor de la verdad y la justicia en este caso.
No se puede resolver una grave violación a derechos humanos con otras violaciones. En el caso de los testimonios obtenidos con base en las torturas cometidas por elementos policiacos y por lo cual se busca la deportación de Tomás Zerón de Lucio de Israel a México para que responda a la justicia, es inaceptable que se pretenda pasar por alto esta grave situación.
Un crimen de Estado no prescribe hasta que haya justicia y verdad para esclarecer el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y aunque concluya un gobierno sigue siendo responsable el siguiente para terminar con la impunidad y los pactos del silencio.
Hoy es más que nunca necesario fortalecer la lucha para lograr abrir todos los archivos de la represión para esclarecer lo ocurrido en todos los casos de las personas que sufrieron la desaparición forzada en México para evitar que continúen las graves violaciones a derechos humanos y se termine con la impunidad y pactos de silencio.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
No estamos todos, nos faltan 43.