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El pasado 2 de junio, nuestro estado y nuestra nación atravesó por un nuevo capítulo de su historia dentro de la democracia, una forma de gobierno en donde la unanimidad es una anomalía tanto como la falta de observaciones e inconformidades. Sin embargo, el camino legal en el que se fundamenta la legitimidad de los comicios debe continuar y se tiene que dar el cambio de los equipos de trabajo: los que se van entregan cuentas y, los que llegan, asumen las responsabilidades. Para eso son las elecciones.

La transición de una administración pública electa a la nueva que ganó las elecciones es de suma importancia tanto legal como simbólica. Representa la continuidad del Estado, son sus servicios públicos y el funcionamiento del gobierno sin interrupciones. Esto es crucial para mantener la estabilidad y el orden público. Una transición suave y ordenada contribuye a la estabilidad política, tanto a nivel nacional como local.

Esta etapa también refuerza la legitimidad de nuestra democracia al mostrar que el poder político se transfiere pacíficamente de acuerdo con la voluntad del electorado. Es un momento para la reconciliación y la unidad, superando diferencias políticas en beneficio del interés público.

Es una etapa estratégica, porque, en el traspaso de responsabilidades, archivos, presupuestos y otros activos gubernamentales, se pueden revisar y documentar posibles irregularidades en que podría haber incurrido la administración saliente, asegurando que se respeten los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En unas semanas la administración estatal actual será historia y, aunque a sus funcionarios eventualmente se les pueda llamar a rendir cuentas, será sobre hechos pasados y por cosas que hicieron de más, o que dejaron de atender.

En unos días toda la responsabilidad del gobierno lo asumirá la nueva administración encabezada por la hoy gobernadora electa y es por eso por lo que el periodo de transición serviría para reafirmar los diagnósticos que ya debe tener y que configuran su plan de gobierno.

La transición del gobierno, anunciada ayer y cuyas bases ya se publicaron en el diario oficial del estado, es mucho más que un acto de protocolo burocrático: es el momento de evaluar los nuevos planes de gobierno a la luz de lo logrado por la administración que se despide que, en el caso de Morelos, es una de las más criticadas que se recuerden, por lo que el equipo entrante debería observar todo con mayor detenimiento, simpatías políticas aparte.

Como sea, para la ciudadanía que se volcó a favor de González Saravia, el cambio de gobierno y una transición responsable también es parte de lo que buscaba: es el inicio legal de la posibilidad de renovación y cambio en la gestión gubernamental, ofreciendo esperanza de mejoras y nuevas políticas en beneficio de todos los morelenses.