Cuauhtémoc Blanco Bravo asumió la gubernatura el 1 de octubre de 2018 y se irá unos meses antes de que concluya el mandato que recibió en las urnas. Su elección, aparte de la popularidad que tenía como estrella del futbol y el impulso que dio a todos los políticos de su alianza la candidatura del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, se fundó en dos promesas muy elementales, devolver la seguridad a Morelos y meter a la cárcel a su antecesor, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien para entonces era repudiado por la mayoría de los morelenses. Ninguna de las promesas fue cumplida siquiera de forma parcial.
El mandatario anunció que el 28 de agosto abandonará nuevamente el cargo para asumir la diputación federal que le fue concedida por Morena en sus listados de representación proporcional, y salvo que ocurra lo que los religiosos llaman milagro, las dos promesas del mandatario quedarán pendientes y en materia de seguridad, la más importante para todos los morelenses, la situación del estado solo ha empeorado… mucho.
La violencia en el estado ha crecido más del doble de la registrada en la administración anterior y los responsables de ella, gobernador, secretario de Gobierno y Comisionado Estatal de Seguridad Pública, prefirieron todo el sexenio despliegues de declaraciones y propaganda contra los presidentes municipales y las instituciones de justicia antes que reconocer que su estrategia no sirvió para siquiera contener los asesinatos, los feminicidios, la extorsión.
La mayoría de los morelenses piensan que Graco Ramírez debe rendir cuentas ante un juez por una colección de aparentes malos manejos que se cometieron en la administración de la que fue responsable; y aunque la administración de Cuauhtémoc Blanco presentó más se 60 denuncias contra exfuncionarios que colaboraron con su antecesor, algunas de ellas incluyendo a Ramírez, solo han prosperado las que involucraron a funcionarios de las áreas de Obras, Desarrollo Ambiental, Hacienda y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. Las acusaciones contra el exgobernador no han sido agotadas aún, y tampoco parecen avanzar por buenos derroteros.
Lo de Graco Ramírez es relevante porque se trata de un asunto de reivindicación ciudadana contra un gobierno que dañó al estado, y que debe procesarse, probablemente igual que la administración de Cuauhtémoc Blanco lo será en su momento. Una sanción ejemplar a los funcionarios cuya gestión daña a los habitantes del territorio que se supone deberían defender se convertiría en parte de la garantía de no repetición, urgente en un estado con casos recurrentes de corrupción que repiten incluso las instituciones víctimas y los modus operandi. Cuauhtémoc Blanco no pudo contra su enemigo político mayor y esa incapacidad dañó de forma probablemente irreparable la credibilidad de las instituciones en la persecución de la corrupción
El aún gobernador asegura que la esperanza muere al último, y él debe saberlo porque nadie más que él la mató en este caso. Probablemente venga quien la reviva.
