(Segunda parte)
La muy comentada “Reforma al Poder Judicial” propuesta por el Presidente de la República y respaldada por la Doctora Claudia Sheinbaum tiene como principal objetivo la legitimidad de este poder del Estado Mexicano. En el entendido que la principal tarea de los juzgadores es dirimir los conflictos que aquejan directamente los mexicanos, ya sea entre ellos o con las autoridades, se buscan nuevos caminos para legitimar su no sencilla tarea. La elección popular puede ser una idea novedosa que, si se hace correctamente, no tendría por qué comprometer la independencia y autonomía del poder judicial, al contrario podría fortalecerla. Ya he dado mi opinión del “por qué” considero que esta reforma puede ser muy importante para nuestro país, ahora quisiera esbozar algunos “cómos”: como implementarla, como instrumentalizarla. Parto de la idea que debe ser una reforma de gran calado y para esto se necesita que sea: profunda, gradual e integral.
La reforma debe ser en primer lugar “profunda”. Debe intentar dar una nueva base legal a la función del juez, agregando todos los elementos que necesita para poder cumplir su tarea. Es decir, otro objetivo de la reforma debe ser fortalecer las funciones y la importante tarea del juez. Debe darse reconocimiento y prestigio a los juzgadores para se cumpla el objetivo original de la legitimidad. Para eso, además de elegirse debe diseñarse toda una nueva estructura con los cimientos que ya se tienen. No se va a empezar de cero, tampoco de menos diez. Un diagnóstico de la realidad del poder judicial es indispensable, como todas las instituciones públicas tiene fortalezas y debilidades. Pensar que la sola elección de nuestros Ministros, Magistrados y Jueces solucionará el problema de la justicia en Mexico sería una inocentada, no estamos para eso.
Subirse a esta ola de reforma al poder judicial significa atacar toda su problemática, fortalecer y cambiar donde sea necesario, no solo enfocarnos a lo políticamente conveniente. Hay que revisar capacidad operativa y desde luego su presupuesto. ¿Hace falta mayor capacidad, en términos de recursos humanos, para que el Poder Judicial pueda ser más eficiente? La respuesta es definitiva: sí. Por eso sostengo, que debe aprovecharse esa gran ola para hacer una reforma más amplia, más profunda.
He comentado también que la iniciativa mueve los cimientos de este poder del estado, pero si habremos de hacer algo que le dure a Mexico el siguiente medio siglo, profundicemos más y actualicemos nuestra realidad a la era tecnológica mundial. Todas las instituciones públicas lo necesitan, desde luego nuestros tribunales también. ¿Cómo aprovechar la tecnología, la inteligencia artificial, para hacer más eficiente y expedita la justicia en Mexico? Esa respuesta debe darse en esta reforma. Este es el momento y debe quedar incluso delineado en la Constitución.
Otro tema vital es de una vez por todas eliminar el sistema de apelación en Mexico como ya sucede en materia laboral y mercantil; y, como también sucede con la implementación de los juicios orales. Reduciría la extensión de los juicios y recortaría el costo de todo el aparato de justicia. A los detractores de esta idea porque piensan que se viola el derecho a la impugnación habrá que decirles simplemente que sería en el amparo donde se ejercería este derecho. Ya es tiempo que los juicios sean más cortos, menos onerosos para el presupuesto público y que se elimine o reasigne a la burocracia para cumplir eficazmente su insustituible función. Eliminando el sistema de apelación, reduciría el tiempo de los juicios y se adelgazaría o reasignaría el aparato judicial reduciendo además costos de operación.
Un ejemplo más de porque la reforma necesita ser más profunda es la carrera judicial. Este sistema de designación y profesionalización de los servidores públicos es clave para el futuro de la justicia mexicana. El concurso de plazas por oposición no debe ser eliminada sino fortalecida. Todos los juzgadores surgidos de la carrera judicial, de este servicio profesional de carrera, no fueron nombramientos políticos, no le deben a nadie su designación, sino a sus propios méritos, a sus conocimientos, capacidades y experiencia. Aquí el tema entonces se convierte en cómo crear un sistema que combine la elección popular con la carrera judicial. Los miembros del sistema profesional de carrera deberían de colmar las postulaciones que se hagan para elegir popularmente a los juzgadores. La certeza de la idoneidad de los candidatos y la independencia del poder judicial tiene con la carrera judicial al mejor de sus garantes.
Segundo, la reforma debe ser “gradual”. La elección de todos los juzgadores tiene sus implicaciones y no es necesariamente deseable. Algunos cuestionan costos y otros la capacidad electoral, ninguno de los dos temas es insalvable, sobre todo si la organización electoral corre a cargo del INE. Evidentemente, para la elección de los juzgadores lo mejor sería que sucediera en el marco del proceso electoral federal. Desde luego que ante la preocupación de muchos de hacer una elección cada vez más grande y compleja la respuesta está en la urna electrónica, nuestra democracia no puede seguir dándole la vuelta a la tecnología. La urna electrónica es la respuesta para las preocupaciones de muchos detractores de la reforma por el tema de logística.
El verdadero tema es el impacto que se tendrá en el funcionamiento de todo el sistema. Estoy de acuerdo con el argumento que la posibilidad de una crisis de funcionamiento en el poder judicial existe. Por lo tanto, aquí la respuesta es la gradualidad, como y en qué tiempo debe hacerse esta sustitución o ratificación sobre todos de Magistrados de circuito y jueces. Lo deseable es que se la iniciativa se modifique para que se determine cuáles son los cargos que deben elegirse primero. Parece empezar a haber un consenso sobre este tema de la gradualidad en la implementación de la elección de los juzgadores.
Lo primero que hay que determinar es cuáles cargos son prioritarios de elegirse y debemos empezar con esos. Propongo que empecemos con Ministros de la Suprema Corte, con los Magistrados del Tribunal Electoral de la Federación y con los Magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Creo, sin titubeos, que sería la gran prueba para empezar a publicitar la elección de los integrantes del poder judicial y que pudiera servir como un parámetro de lo que pudiera venir si hace extensiva a Magistrados Federales y Jueces de Distrito, por un lado; y a Magistrados y Jueces Locales por otro.
Creo que la gradualidad también ayudaría en el proceso de combinar la elección popular con la carrera judicial. Basados en la experiencia de esta elección, tendríamos elementos para determinar si vamos a la elección de todo el cuerpo profesional judicial o si de plano esta posibilidad se desecha por no ser conveniente y nos vamos solo con la carrera judicial. Es decir, encontrar no solo la idoneidad en el proceso de selección de personas candidatas, sino también el proceso idóneo para elegirlas o bien para designarlas. Un proceso de debate más amplio, más sereno que surja de un diagnóstico profundo de las necesidades operativas del mismo poder judicial.
Un argumento más de los muchos que encuentro para sostener el tema de la gradualidad es que en la elección popular desde luego tiene que haber proselitismo. Entiendo perfectamente por qué la iniciativa plantea no hacer campaña: busca blindar la elección de agentes externos, llámense partidos, intereses económicos e incluso crimen organizado, solo que no me cabe en la cabeza una elección sin campaña. Insisto probemos la elección de la jerarquía, de los altos puestos del Poder Judicial, dejémoslos hacer campaña con reglas establecidas para blindar el propio proceso. Si funciona, después de esta prueba se sigue con la siguiente etapa, y así paso a paso garantizar el propósito original de legitimidad que plantea de la reforma.
Por último, para una reforma estructural de gran calado se necesita hacer de manera “integral”. Entiéndase por integral que debe hacerse tanto en el ámbito federal como en el estatal. No funcionaria nunca un sistema donde no se establezcan claramente los límites entre el fuero federal y el local, y si este último no se reforma en sintonía con el primero.
Es un hecho que la mayoría de los Gobernadores son quienes controlan en la práctica los Tribunales de Justicia de sus estados. Generalmente los Magistrados estatales son electos bajo consideraciones políticas más que por atributos, hay Tribunales llenos de políticos o de cuotas políticas que pocos corresponden a sus competencias y capacidades. No hay duda, la elección popular también debe abarcar por lo menos a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados. En lo que respecta a los jueces del fuero común valdría la pena también esperar y hacerlo gradualmente aunque con una regla: sean electos popularmente como candidatos o designados por el Legislativo o por el Judicial sin excepción debe tener como requisito examen de oposición libre, abierto y público.
Si los diputados y senadores que dictaminaremos la iniciativa presidencial atendemos estos tres principios de: profundidad, gradualidad e integralidad, estaremos haciendo un gran servicio a nuestra democracia; cumpliendo además con el objetivo de legitimidad y eficiencia del poder judicial planteado en la iniciativa presidencial, siendo obedientes al mandato de las urnas del pasado 2 de junio y siendo institucionales con la próxima presidenta de México. La pregunta es ¿tendremos oportunidad de modificar la iniciativa para fortalecerla? Ese es nuestro deseo. Por lo pronto reafirmamos, una reforma al sistema de justicia de gran calado con inteligencia, profesionalismo, conocimiento y amor a México y a los mexicanos es lo que necesita nuestro país.
