Más allá de las estadísticas que mantienen desde hace años a Morelos como una de las entidades más inseguras del país, la violencia en nuestro estado se ha demostrado como un verdadero freno para la economía y el desarrollo estatales.
Es un problema que no solo enluta a las familias morelenses, sino que limita sus iniciativas de progreso y afecta el potencial turístico y productivo de todos. La criminalidad afecta pequeños comercios, a productores agrícolas, a estudiantes, el transporte de bienes y personas y hasta disuade al turismo y a los inversionistas de venir a Morelos de paseo o para abrir negocios aprovechando nuestra privilegiada situación geográfica.
La inseguridad en nuestro estado atraviesa cada sector y nos afecta a todos, es el lastre más evidente del estado y el principal reto para las nuevas administraciones, estatal y municipales.
Una mayor seguridad fue tanto una petición como una promesa recurrente y ahora se deberá enfrentar el compromiso, cuya atención no es de ninguna forma sencilla precisamente porque atraviesa múltiples aspectos de la vida estatal y porque se ha dejado escalar a niveles insoportables para la mayoría de nosotros; por eso sería cuestionable intentar revertir la escalada de violencia e impunidad con los mismos protagonistas del fallido esquema de seguridad que hemos tenido durante los últimos años.
En la entrevista que se publica más adelante la gobernadora electa, Margarita González Saravia, se refiere con toda claridad al problema de la inseguridad y comenta sus propuestas para atacarla: fortalecer las instituciones y renovar a los funcionarios que se encargan del tema, además de endurecer las leyes a las que deben responder los criminales en Morelos.
Sustituir la actual Comisión Estatal de Seguridad por una Secretaría que goce de mayores atribuciones y recursos, buscar cambios en la Fiscalía que tiene como récord un nada honroso nivel de más del 90 por ciento de impunidad -y que para disminuir las estadísticas de feminicidios prefiere no aplicar el protocolo establecido para ello-, además de involucrar activamente a los municipios en su propia protección, son señales de que se quiere asumir una responsabilidad que antes encargábamos a la federación.
Son propuestas concretas de quien va a encabezar el poder Ejecutivo estatal, pero que para su cumplimiento deberán pasar por los otros dos poderes, el legislativo, que estará conformado principalmente por correligionarios de la gobernadora electa y que deberá mostrar que está de acuerdo con estos cambios y actuar en consecuencia; la actual Legislatura parece conforme con las cosas como están, pero la próxima será vital para realizar los cambios propuestos.
Por otra parte, el Poder Judicial -cuyo titular ha sido acusado públicamente de beneficiar a presuntos criminales presionando a magistrados para dejarlos en libertad y que ha sido desconocido por lo menos en dos ocasiones por sus iguales en el seno del TSJ y que se obstinó -con ayuda del Legislativo- en ampliar su periodo que debió concluir este año- tendrá un verdadero reto para estar a la altura.
Lo cierto es que la demanda de cambio fue uno de los principales motivos de la votación mayoritaria a favor de González Saravia y ahora demuestra que tiene ideas para atenderla; faltará ver la voluntad de los otros protagonistas pues, como ella reconoce en la entrevista, se necesitan más actores además del Ejecutivo para enfrentar el problema de la inseguridad en Morelos.
