La lucha por lograr que se respeten los derechos a una representación política tiene raíces históricas en las movilizaciones feministas, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como otros sectores que han sido vulnerados en sus derechos humanos y han tomado conciencia organizada para hacerlos valer.
Las acciones afirmativas han sido impulsadas ante la inequidad y desigualdad prevaleciente en los sistemas políticos y sociales, como lo denunciaron las sufragistas que exigieron y lograron que se estableciera el derecho al voto de las mujeres hace apenas 71 años, cuando se logró conquistar el derecho al voto femenino en 1953.
En un país donde prevalecen prácticas y estructuras de dominación patriarcal que imponen violentamente sus decisiones por encima de los derechos de las mujeres, es necesario valorar lo que significa que sean mujeres las que estarán al frente del gobierno, porque se abren nuevos escenarios y se enfrentarán retos que la sociedad requiere y necesita urgentemente para que haya transformaciones de fondo en la vigencia de los derechos humanos en todos los ámbitos.
En la actualidad a pesar de tantas conquistas al respecto, los derechos se conquistan mediante la lucha. Nunca han sido una concesión por parte de los que se sienten dueños del poder.
Sin embargo, no significa que se eliminen la desigualdad social y los obstáculos que impone la ideología del sistema patriarcal y machista que sigue prevaleciendo en instituciones y en la estructura socioeconómica.
En el caso de los pueblos indígenas. El camino recorrido es similar al de las mujeres. Cientos de años han tenido que pasar para resistir el genocidio para no desaparecer, enfrentar las políticas discriminatorias y las que buscaban asimilarlas a la cultura dominante negando su identidad colectiva. No es sino de manera muy reciente cuando se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a tener una representación política proporcional en las instancias de gobierno y establecer el derecho constitucional a ser reconocidos como municipios indígenas en Morelos, como ocurrió con los tres municipios de Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco, estando pendientes de resolver Tetelcingo y Alpuyeca que han demostrado cumplir con todos los requisitos legales para ello. En el caso de Alpuyeca, luego de casi 5 años de haber presentado la Iniciativa Legislativa para la Creación del Municipio Indígena, es hora que el Congreso del Estado no ha emitido su Dictamen que por su propio Reglamento establece que debe ser en un plazo no mayor a 6 meses. Dos amparos han sido interpuestos ante el Poder Judicial para que las Comisiones Unidas atiendan los trabajos legislativos, estando pendiente aún la realización de la Consulta Indígena.
En el caso de las candidaturas indígenas que por ley deben incluir los partidos políticos, sabemos los cuestionamientos realizados por la Unión de Comunidades y Municipios Indígenas ante las omisiones y simulaciones que llevaron a cabo para postular a quienes no forman parte de los pueblos originarios.
Una vez que ha concluido el proceso electoral y ante los cuestionamientos a quienes ocuparon estas candidaturas sin cumplir con todos los requisitos señalados, aún estamos a la espera de que sea el Tribunal Electoral quien resuelva las impugnaciones presentadas.
En cuanto a los colectivos de personas negras, denominados legalmente afrodescendientes de acuerdo a la reforma en el Congreso del Estado en el año 2022, se solicitó establecer un seguimiento a dicha ley debido a que debe de haber consecuencias prácticas en todos los terrenos de la vida de estas comunidades para evitar seguir siendo víctimas de un trato discriminatorio.
Por todo lo anteriormente señalado, vemos que algunos de estos escenarios que demandan atención urgente, se requiere realizar un balance autocrítico de la actuación de las y los funcionarios electorales, sobre todo al momento de aceptar registros sin valorar adecuadamente los derechos colectivos de los pueblos, sin antes revisar cuidadosamente las leyes conquistadas a nivel nacional así como a nivel internacional, tomando en cuenta el principio pro persona del máximo avance en materia de derechos humanos. Actualmente vivimos tiempos en donde ya no se puede seguir justificando errores como actos de buena fe. Aún están a tiempo las instancias electorales para corregir esta situación, y evitar que ocupen cargos de representación, quienes engañaron con documentación conseguida de manera ilegal o con trampas. Las acciones afirmativas conforme a la legalidad coadyuvan a evitar que personas que violan la ley lleguen a tener un poder que no les corresponde.
Finalmente, podemos concluir que por parte de quienes, una vez concluida la jornada electoral y su calificación, tomarán las riendas del poder ejecutivo estatal y federal, tendrán que asumir la responsabilidad de actuar conforme el mandato popular que exige cambios de fondo para que se respeten plenamente los derechos de los sectores marginados y discriminados a tener una verdadera representación política. Por eso, desde ahora mismo, les estamos solicitando que pongan toda su atención en temas que, desafortunadamente, no tuvieron la relevancia que merecen, durante el pasado proceso electoral, como en su momento señalamos. Sin lugar a dudas, así como se lo hemos demandado a los gobiernos precedentes, haremos lo mismo con quienes llegan al poder, ya que, como lo hemos acordado con organizaciones sindicales y sociales independientes al igual que con pueblos indígenas en pie de lucha. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.
