La Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos (CIDHM) lamentó que, en la entidad los partidos políticos no acataron la representación de los grupos vulnerables, predominando la omisión y simulación para postular a este sector de la población.
Durante la Jornada por la Defensa de los Derechos Electorales, organizado por la Defensoría Pública Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la coordinadora general de la CIDHM, Juliana García Quintanilla, expresó que ante los cuestionamientos a quienes ocuparon estas candidaturas, sin cumplir con todos los requisitos señalados, confía que sea el Tribunal Electoral local (TEEM), el que resuelva las impugnaciones presentadas.
“Se requiere realizar un balance autocrítico de la actuación de los funcionarios electorales, sobre todo al momento de aceptar registros sin valorar adecuadamente los derechos colectivos de los pueblos, sin antes revisar cuidadosamente las leyes conquistadas a nivel nacional, así como a nivel internacional, tomando en cuenta el principio pro-persona del máximo avance en materia de derechos humanos”, expresó.
En este sentido, destacó que actualmente se viven tiempos en donde ya no se pueden seguir justificando errores como actos de buena fe, por lo que consideró que aún están a tiempo las instancias electorales para corregir esta situación, y evitar que se ocupen cargos de representación, mediante engaños con documentación conseguida de manera ilegal o con trampas.
“Las acciones afirmativas conforme a la legalidad, coadyuvan a evitar que personas que violan la ley lleguen a tener un poder que no les corresponde. La lucha por lograr que se respeten los derechos a una representación política tiene raíces históricas en las movilizaciones feministas, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como otros sectores que han sido vulnerados en sus derechos humanos y han tomado conciencia organizada para hacerlos valer. Por parte de quienes, una vez concluida la jornada electoral y su calificación, tomarán las riendas del poder Ejecutivo estatal y federal, tendrán que asumir la responsabilidad de actuar conforme el mandato popular que exige cambios de fondo para que se respeten plenamente los derechos de los sectores marginados y discriminados a tener una verdadera representación política”, abundó.
