El objetivo básico de la justicia electoral es garantizar la democracia al asegurar la certeza en el otorgamiento de la representación popular y legitimar la elección de autoridades o representantes. El enunciado de la misión de los tribunales comiciales en México parece muy sencillo, pero su nivel de complejidad es grande no sólo por erigirse en el máximo intérprete de la voluntad popular expresa en las urnas -lo que de sí ya es difícil-, sino por la complejidad del sistema electoral de partidos políticos en México, tan complicado que incluso escapa al entendimiento de muchos funcionarios electorales.
La enorme desconfianza entre los actores políticos complica los procesos electorales, pero también lo hace la cantidad de añadidos que se han hecho a las leyes para garantizar que todos los grupos sociales. Esto incluye a los vulnerables, estén incluidos en los espacios políticos, a pesar de que esa inclusión no se ha traducido necesariamente en la ampliación de la agenda política a los problemas, inquietudes y atención de esos grupos que padecen desventajas históricas.
Lo que tenemos hoy en Morelos es una legislación electoral en esencia bastante antigua, a la que se han ido poniendo remiendos. Las acciones afirmativas no han funcionado para mejorar la atención a las minorías; los mecanismos de representación parecen alejarse cada vez de la voluntad popular o de las preferencias políticas del electorado; los órganos administrativos electorales se han erigido en intérpretes erráticos de la legislación, lo que ha llevado a que, pese a mantener una enorme confianza ciudadana, ésta se ha ido erosionando en los últimos años; las elecciones se han vuelto más caras, en gran medida por la cantidad de procesos judiciales emprendidos a partir de las muy diversas interpretaciones a cada norma; los partidos políticos y candidatos tienen cada día más facilidad para torcer la ley en formas que jamás se habrían pensado. Con todo ello, lo impresionante es que el sistema electoral sigue funcionando, básicamente por la acción de sus dos extremos; una ciudadanía que participa mayoritariamente en las elecciones, y unos tribunales que imparten la justicia electoral de forma honesta y apegada a derecho, aún en medio de las presiones de los actores políticos.
En Morelos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Ixel Mendoza Aragón, he hecho junto con La Jornada Morelos una reflexión de elementos indispensables para la próxima reforma electoral, desde las acciones afirmativas y los casos de ausencia en las candidaturas o suplencias, hasta el financiamiento de los órganos electorales y la delimitación puntual de sus responsabilidades, donde debe incluirse los procesos para sancionar a funcionarios electorales (incluidos consejeros) que arriesgan la integridad del proceso electoral.
Los legisladores tendrían que ser más ambiciosos aún para proponer, por lo menos en términos locales, una reforma electoral más profunda que garantice la inclusión de todos los sectores sociales no en cargos unipersonales, sino en la agenda pública; una que obligue a tratar los temas de mujeres, indígenas, diversidad sexual, juventud, ancianidad, discapacidad, junto con los de las mayorías, más allá de las cuotas políticas. Es posible y hay tiempo.
