La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ixel Mendoza Aragón, asegura que es urgente revisar las lagunas en la norma electoral morelense para acabar con las lagunas existentes que han llevado a una extrema judicialización de los procesos electorales cuyo cénit se presentó en la elección en curso, donde con la mitad de los actores políticos involucrados, se han interpuesto más del doble de impugnaciones y recursos que en la elección del 2021.
El orden impera en su oficina. Bajo una estatuilla de Themis, la Dama de la Justicia, ubicada en la parte más alta de su librero, códigos y expedientes marcados con pequeños post it indicadores de párrafos clave de cada proyecto o norma, son revisados y citados en partes de la entrevista exclusiva que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos concedió a La Jornada Morelos, en que asegura que a pesar de las presiones a las que el órgano jurisdiccional ha sido sometido, las determinaciones que toma son apegadas a derecho, aunque la norma electoral debe reformarse para evitar confusiones y corregir las lagunas que hoy existen.
En un breve listado, la realidad actual de Morelos evidencia que debe revisarse la ley en materia de sobrerrepresentación, paridad de género, coaliciones electorales, ausencias de propietarios y suplentes en planillas de ayuntamientos o de diputaciones de representación proporcional, acciones afirmativas, comunidades indígenas y sobre la autonomía presupuestal real de los órganos electorales para garantizar su independencia; todos temas sugeridos por ella y que tocamos en la charla donde también se reconoció lo que puede ser un éxito enorme: en todo este proceso electoral, no llegó al Tribunal ninguna queja por violencia política en razón de género.
Parece que la capacitación que dimos ha funcionado, porque en esta elección no hemos recibido ninguna queja de mujeres que fueran obligadas, coaccionadas o amedrentadas para dejar sus candidaturas, explica contenta, aunque reconoce que los conflictos se presentaron en otros espacios.
Aclarar la paridad de género
Aún con ello, reconoce que uno de los temas que aún resultan áreas de oportunidad para una reforma electoral es aclarar la paridad de género, especialmente en materia de transversalidad, componente que llevó a una sentencia reciente en que se retiró la diputación local plurinominal a un hombre del Partido Acción Nacional para concedérsela a una mujer, de forma que el grupo parlamentario del partido quedara integrado por dos mujeres y dos hombres, y no por una mujer y tres hombres, como había resultado de la designación hecha por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). No obstante, la determinación eliminó a otra mujer, del Revolucionario Institucional, quien fue suplida por el dirigente estatal del partido, un hombre, en una decisión polémica, pero para Ixel Mendoza, apegada a la norma que trata de no modificar más que lo esencial propuesto por los partidos y votado por los electores.
La magistrada reconoce que la legislación se queda corta al no contemplar esos detalles en la definición de paridad de género, lo que obliga a los tribunales a establecer criterios de interpretación.
La sobrerrepresentación, otro tema que debe normarse mejor
El tema recurrente desde que se conocieron los resultados del proceso electoral, es el de la sobrerrepresentación de una coalición electoral en los Congresos de la Unión y de Morelos, en el caso de la elección federal, la alianza electoral que formaron los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM), y del Trabajo (PT), logró el 54.7% de los votos para legisladores, y se proyecta que tengan el 74.6% de la Cámara de Diputados; en el caso de Morelos, Morena y sus aliados que alcanzaron representación en el Congreso del estado, sumaron 56.24% de los votos y tendrán el 70% de las diputaciones.
Ixel Mendoza reconoce este problema, y asegura que es otro de los temas que hace falta legislar. El problema es que una coalición electoral no necesariamente pasa a ser una coalición legislativa, advierte, los diputados, aún siglados para un partido determinado pueden después decidir irse a otro partido, por lo que una prohibición así atentaría contra el derecho de los propios legisladores a cambiar de partido si así lo desean.
Debe explicarse, comenta, que el derecho electoral, es decir, la responsabilidad del Tribunal y la Legislación electoral concluye con la validación de los nombres de quienes irán al Congreso, lo que sigue después corresponde la norma legislativa que no es nuestra competencia. Entonces debe discutirse el tema, pero cuidando lesionar los derechos políticos de los legisladores, explica.
¿Qué hacemos con las ausencias de personas en cargos de elección?
En la anterior legislatura, el Partido Morelos Progresa postuló como candidato a diputado por la vía plurinominal a Juan José Yáñez Vázquez, el Impepac negó entonces el registro a su suplente por haber faltado a la norma electoral. Yáñez Vázquez, quien tenía 85 años, falleció apenas siete y medio meses después de haber asumido la diputación, como no había suplente, desde el día de su muerte inició una pelea por la curul vacante entre su sobrino, Roberto Carlos Yáñez Moreno, y Gabriela Marín Sánchez. El primero asumió la diputación apenas unas semanas, hasta que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a reconocer como diputada a Gabriela Marín, quien fue asesinada apenas unos meses después y en su lugar fue nombrada su suplente, Marguis Zoraida del Rayo quien dejará la curul a finales de agosto.
El riesgo de que vuelva a haber ausencias de titulares de cargos de elección popular que deban ser resueltas por los tribunales persiste en tanto el Impepac ha eliminado en este proceso electoral a más de una veintena de propietarios o suplentes de fórmulas para diputaciones o ayuntamientos a las que ha concedido el registro, algunos de ellos han logrado el cargo, como el caso de la fórmula del Partido Nueva Alianza en Tepalcingo, dondfe se eliminó a los candidatos titular y suplente a la presidencia municipal, y aún con ello el partido logró el triunfo. La ley no establece qué hacer en estos casos.
Otro problema, que ya resulta inoperante, es el que se habría provocado sin la resolución que modificó las plurinominales, pues Gerardo Abarca Peña, del PAN, habría llegado al Congreso como suplente y Eleonor Martínez como titular, pero sin suplente; en el caso de ausencia de cualquiera de ambos, habría tenido que determinarse la sustitución en los tribunales, lo que representa un riesgo incluso para la seguridad de los representantes electos, dijo.
Las acciones afirmativas deben ser más eficientes
Uno de los problemas que han acaparado la agenda informativa del proceso electoral es el de las acciones afirmativas, y la simulación de aspirantes a cargos públicos que se “disfrazan” de indígenas, afrodescendientes o personas con discapacidad para ser candidatos y tener espacios de preferencia en las elecciones. Ixel Mendoza cita el caso de un aspirante que pretendió usar un diagnóstico de diabetes y argumentaba padecer cefaleas recurrentes como prueba de discapacidad.
Las acciones afirmativas son bondadosas, pero serían más efectivas si llegara por medio de ellas gente que haya trabajado a favor de esos sectores vulnerables y que llevara los temas de esos grupos a la legislatura; lo que hemos visto es que la inclusión de estas personas no necesariamente funciona a favor de las agendas particulares de los sectores vulnerables. Las acciones afirmativas deben ser más efectivas entonces, asegura y añade que tal vez deberían ser los propios grupos que legítimamente representan a las comunidades vulnerables quienes tuvieran mecanismos para que sus propuestas y sus problemas sean escuchados y atendidos por las legislaturas.
Dejar que las comunidades indígenas se organicen es clave para la paz
Ixel Mendoza reconoce también que la violencia política en algunas comunidades indígenas, como Xoxocotla, ha aumentado a partir de que la comunidad fue reconocida como municipio indígena. “Debemos permitir que ellos se organicen como quieren, como han sabido hacerlo durante toda su historia, las autoridades debemos tener mínima injerencia en su toma de decisiones”, advierte, pero también lamenta que haya “personajes que los alebrestan” que van a dividir a la comunidad.
La autonomía presupuestal, tema vital para la independencia
Los problemas presupuestales que han enfrentado los órganos electorales han generado el retraso en muchas de las tareas que deben cumplir y la sobrecarga de trabajo en muchas otras. Una de las salidas que se ha propuesto históricamente es el dotar a los órganos electorales de autonomía presupuestal.
Pero eso no siempre funciona, reconoce Ixel Mendoza, porque queda sujeta normalmente a la disposición presupuestal del estado, y eso remote nuevamente a que se debe tener buena relación con el Ejecutivo para lograr los aumentos presupuestales que son necesarios para la contratación de personal y servicios, especialmente en los periodos electorales.
El Impepac, excedido y rezagado
Otro factor que ha incidido en la judicialización del proceso electoral ha sido la operación del órgano administrativo electoral de Morelos. El Impepac tiene un enorme rezago en asuntos como procesos sancionadores, o por no haber aplicado adecuadamente las modificaciones hechas al código y hasta por el uso de criterios diferentes para tomar decisiones similares, como la validez del registro de fórmulas de diputaciones o regidurías, comenta.
De los más de cien Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) derivados de quejas interpuestas ante el Impepac, explica, han llegado al Tribunal menos del 40%; de ellos, en 40 se ha determinado que no existían infracciones, y tres se encuentran ya en trámite en las Salas Regional o Superior, pues han sido recurridos por quienes habrían sido sancionados.
El rezago en los PES deriva de que el Impepac toma hasta siete meses después de la presentación del recurso determinaciones para no darle entrada al procedimiento porque interpretan que no tiene sustancia, lo que excede las facultades del órgano administrativo electoral y retarda la justica para los denunciantes.
Otro problema es que se han tomado decisiones diferentes respecto a la improcedencia o no de registros, y a la elegibilidad de actores, desde criterios diferentes y en ocasiones opuestos, lo que ha provocado que se judicialicen las determinaciones y sea el Tribunal quien deba resolver. De hecho, se prevé que habría muchos cambios en los listados de las regidurías de los 33 ayuntamientos que fueron votados el 2 de junio, justamente por el uso de criterios diferenciados para enfrentar problemas similares.
Es urgente revisar las lagunas en la norma electoral morelense, asegura Mendoza. Foto: La Jornada Morelos
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ixel Mendoza Aragón. Foto: Cortesía
