El Derecho a la Ciudad
El derecho a la ciudad es un eslogan que se hizo popular a partir de la segunda reunión mundial de Habitat II que tuvo lugar en Estambul en 1996 y en donde se definió como: “el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.”( https://goo.su/wBnM8).
Como podemos ver, esto difiere de la noción previa del derecho a la vivienda, cuando la llegada de inmigrantes a las ciudades hacía inminente la necesidad de tener un techo donde vivir. Sin embargo, a lo largo del tiempo fue cada vez más claro que la casa por si misma no cumple con las necesidades de los núcleos familiares dado que en las periferias son necesarios servicios, equipamientos y medios públicos de transporte para que los habitantes puedan crear tejido social y estar conectados con las fuentes de trabajo.
Es en este contexto que es importante el anuncio reciente sobre la intención de concluir el puente Apatlaco (o Puente sin Fin), el cual permitirá el acceso a un desarrollo de vivienda social de 2,200 unidades a cargo de la empresa Vinte y financiadas por Banorte. Lo interesante del caso es que el actual director del INFONAVIT comentaba en esa presentación que redujeron el numero de viviendas del proyecto original debido a que el instituto habría desarrollado un nuevo plan urbanístico que impulsaría el desarrollo económico local al mejorar la conectividad e incluir áreas de “consolidación urbana” en un radio de 2.5 kilómetros, las cuales incluyen escuelas, mercados, supermercados, centros de salud, farmacias, seguridad y otros servicios.
Hasta ahí todo bien, ofrecer vivienda para sectores de menores ingresos en la zona sur de la entidad, construir equipamientos y dotar de servicios públicos a la población morelense. Sin embargo, en el estado tenemos un precedente que no es fácil de ocultar y es el registro de 138, 378 viviendas deshabitadas (es decir, viviendas que se abandonaron o nunca se ocuparon), la mayoría ubicadas en el sur de la entidad, y que se construyeron con esquemas similares al proyecto referido (https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_mor.pdf).
Estos desarrollos se originaron en la primera década de este siglo, cuando las familias adquirieron su primera o segunda vivienda en Cuernavaca, Temixco, y Xochitepec mediante créditos contratados en UDIs (Unidades de Inversión) o en UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Finalmente al estallar la burbuja inmobiliaria en 2013, la crisis hipotecaria cobró su factura debido a que el monto de los créditos estaba ligado a la inflación, dejando a las familias en la insolvencia. No solo eso, sino que muchos de estos desarrollos se caracterizaron por la falta de servicios públicos –una atribución de los Ayuntamientos–, mala conectividad de transporte público, seguridad pública deficiente, sin equipamientos educativos, deportivos y de salud.
Es por ello que sería importante analizar los mecanismos para asegurar que los trabajadores formales (que son los que tienen acceso a las hipotecas), estén en posición de enfrentar las contingencias de pago que pudieran presentarse en un futuro. Por otra parte, es encomiable que el INFONAVIT haya realizado un plan urbanístico que tal vez pueda servir como objeto de discusión para que el gobierno del estado, en conjunto con los ayuntamientos y las instancias correspondientes (Comisiones de Planeación, Direcciones, etc.) – que son en realidad las responsables de hacer los planes– puedan consensar una propuesta con la ciudadanía, asegurar el financiamiento, promulgar y oficializar dicho plan o programa para que así pudiera hacerse realidad.
Para materializar verdaderamente el derecho a la ciudad, es imprescindible aprender de los errores del pasado y adoptar una postura crítica y proactiva. Es necesario asegurar que los nuevos proyectos de vivienda no solo ofrezcan un techo, sino que integren servicios públicos, infraestructura adecuada y conectividad de transporte. La experiencia nos ha demostrado que construir viviendas sin un enfoque integral lleva al abandono y a la insostenibilidad. Por ello, es crucial que el INFONAVIT, junto con los gobiernos estatal y municipal, y la ciudadanía, trabajen de manera colaborativa para desarrollar y ejecutar planes urbanísticos sólidos. Estos planes deben contemplar todas las necesidades de los habitantes y ser flexibles para adaptarse a futuras contingencias. Solo así se podrá garantizar que los desarrollos habitacionales realmente mejoren la calidad de vida de las personas y hagan realidad un entorno urbano inclusivo, seguro y sostenible para todos.
Fraccionamiento Los Laureles, Xochitepec. Cortesía del autor
