Miguel A. Izquierdo S.
Los “usos y costumbres”, la falta de una tradición sobre el valor de los méritos en el trabajo educativo, el predomino de intereses particulares y la falta de normas para regular los procesos de nuestro interés en las instituciones de educación superior, son excelente caldo de cultivo para que unos cuantos, solos o acompañados, en acuerdos tácitos o escritos, se apropien y distribuyan plazas y recursos institucionales varios. Un marco sólido para el estudio de tales procesos de apropiación, distribución y consumo, es sin duda el aportado por P. Bourdieu en su texto clásico titulado Homo Academicus (entre otros ensayos y artículos científicos de la revista francesa Actes de la Recherche en Sciences Socioux). Ahí él distingue los varios tipos de capitales en juego en estas y otras instituciones: político, académico, social, económico. Para estudiar su flujo, acude a conceptos como toma de posición o postura de los actores (ante una acción en el campo), sistema de disposiciones de los actores (actitudes y proclividades que les llevan a tomar tales o cuales decisiones o posiciones), posición en el campo de poder jerárquico institucional o de hecho, que entre otros y en conjunto, nos permiten entender las luchas o apuestas que se dan en el campo universitario por ganar, conservar y defender los capitales conseguidos o por conseguir, entre ellos las plazas académicas.
Sin duda, el ocupar una plaza académica en una IES es en sí tanto el inicio (quizás) de una carrera académica, y a la vez, da posibilidad de adquirir un capital social de prestigio, potencialmente político y sin duda, se acumula a otros capitales económicos del postulante a ocuparla. De modo que desde antes de ocuparla, puede tomar una posición (política, académica, sindical), para hacerse de ella, en solitario o en colusión con otros, sea porque está en relación de intercambio con ellos o pretende estarlo (alianzas futuras), o bien pudiera estarles en deuda a pagar a futuro de manera económica o en servicios. Esa toma de posición le puede contraponer con otros postulantes, o bien con otros que ocupan el campo, dado el caso de que sus pretensiones o logro rompa las reglas del campo, a la vez que reafirme sus alianzas con algunos de ellos, por coincidir en hacer y combinar fuerzas para esa u otras batallas por hacerse de espacios y recursos institucionales.
El pretendiente de una plaza, pone en juego su sistema disposicional al actuar en el campo: ¿se atiene a las reglas o las rompe?, ¿se alía con unos o con otros?, ¿negocia con tal directivo o sindicalista o miembro del sindicato (de haberlo) para hacerse de una plaza?, ¿se alía con unos para conseguirla, pese a que su pretensión vaya en contra de los derechos de otros o contra la mejora educativa, dada su falta de méritos?, ¿solicita o no una plaza mayor, teniendo los méritos necesarios para cubrirla, pero teme contraponerse a alguien de mayor poder que le afecte en el futuro?
Pero esas “reglas del campo”, sean de ingreso o promoción o de estímulos, pueden ser parte de los “usos y costumbres”, en una institución con ausencia o muy débil desarrollo de la carrera académica; pueden ser normas, pero escondidas o no publicadas; pueden tener vigencia y ser por todos conocidas y defendidas por el gremio y sus autoridades. De modo que las formas de intervención del (la) académico(a) al entrar a la carrera académica, son muy amplias y están parcialmente definidas por la historia institucional, las fuerzas que en ella interactúan como dominantes o subordinadas. ¿Esto es ajeno al bien público o debe haber una serie de reglas que acerquen a la sociedad a contar en sus instituciones con mejores académicos, al menos los y las mejores disponibles en un momento dado?
La necesidad imperiosa de regular la carrera académica en todas las IES públicas.
Sostenemos y ese es el sentido de varias normas vigentes en los subsistemas educativos, pero por desgracia aún no vigentes en todas las instituciones públicas, que este asunto de la carrera académica es público, que debe estar sólidamente reglamentado, que debe haber transparencia en su operación así como rendición periódica de cuentas, respecto a cada uno de los procesos institucionales de ingreso, promoción y asignación de estímulos, que van determinando la carrera académica de sus profesores e investigadores. Eso debe también considerarse también consecuencia del mandato constitucional del derecho de las y los estudiantes por educación de calidad, como por ser atendidos según sus necesidades, no según las necesidades particulares de quienes tras bambalinas, en colusión de actores, han venido dominando fuera de reglas, todos esos procesos.
