Es inevitable que cualquier funcionario público que presente un informe de labores subraye lo que considera avances y logros y que, si acaso los menciona, soslaye los problemas o pendientes que hubieran frenado su desempeño. Eso ocurre a todos los niveles y en todas las latitudes y países.
Corresponderá a los diputados analizar el Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y a sus funcionarios ampliar la información o atender las dudas que aquellos formulen, de eso se trata la división de poderes y la dinámica de contrapesos que debe existir en un sistema democrático.
Pero, más allá de los Chinelos, de la banda que tocaba dianas después de cada párrafo que leía el mandatario o las arengas orquestadas con silbatos, se debería examinar la realidad que viven los ciudadanos todos los días.
Después de regalar andadoras de aluminio a personas necesitadas, pagar uniformes a una deportista de alto rendimiento o instalar antenas de microondas para que los estudiantes de una escuela aislada puedan usar Internet, entre muchas de las cosas que se nos presentaron ayer y de las que nadie podría estar en desacuerdo, el desempeño de esta administración -y, en realidad de todas las administraciones públicas- debería ser evaluada contrastando sus logros con la información que aportan las instituciones oficiales y ciudadanas que se encargan de ello.
También deberían aceptar y capitalizar las críticas y observaciones a su desempeño, para mejorar en el siguiente ejercicio.
La administración de Blanco Bravo arrastra diversas herencias que no son nada envidiables. Él no trajo la inseguridad a Morelos, ni la corrupción, ni la contaminación, ni la tala clandestina, ni la pobreza, ni los bajos niveles educativos o de acceso a los servicios de salud. Pero tampoco los ha combatido de manera notable y algunos problemas incluso se han agravado.
Son muchos los indicadores que han encontrado organismos oficiales como el INEGI o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no gubernamentales como el CRIM-UNAM, la Universidad de las Américas o Impunidad Cero y hasta algunos del propio gobierno estatal, que demuestran que Morelos no es el edén que se proyectó ayer y que deberían invitar a la administración pública de Morelos, central y municipal, a que evaluara sus logros con seriedad y de cara a la ciudadanía que gobiernan.
Durante el periodo que se informó ayer, en Morelos se redujo el promedio de edad en que los jóvenes usan drogas, ahora es a partir de los 13 años; diariamente por lo menos 10 mujeres en el estado se ven precisadas a pedir auxilio oficial por las agresiones que reciben; la tasa de homicidios en Morelos duplicó a la nacional; en 2022 se reportaron la mayor cantidad de homicidios dolosos en la entidad desde 2015; entre 2021 y el 2022 la trata de personas tuvo un incremento del 166.6 por ciento; las lesiones dolosas en 5.2 por ciento y los delitos de corrupción de menores 18.7 por ciento; Morelos fue el primer lugar en secuestro, despojo, robo a banco y violaciones, y el tercer lugar en feminicidios; en cuanto a crímenes de alto impacto, Morelos es la peor evaluada a nivel nacional; el año pasado, Morelos también ascendió diez lugares en el comparativo nacional de impunidad y el tercer trimestre de 2022 ha sido uno de los peores para la economía estatal en los últimos años. Y esta recapitulación, desde luego, no es exhaustiva.
No sería adecuado que en las pantallas gigantes aparecieran los niños drogándose, las mujeres violentadas o las víctimas de homicidios dolosos, pero ellos conforman la realidad que subyace tras la música triunfalista y los videos impecablemente producidos. Y los gobernantes no deberían perderla de vista.
Además de las obras vistosas, por más útiles que éstas sean, se deben realizar acciones para ayudar a mejorar la vida de toda la comunidad y, si se obtienen resultados, todos aplaudiremos sin necesidad de que nos digan cuándo.
