En medio de las diferentes voces que exigen la salida del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señalando la falta de resultados e importantes rezagos en la procuración de justicia, en el Congreso del estado ya no se contempla llamar a comparecer a ningún funcionario estatal, incluido Carmona Gándara.
Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva, señaló que por acuerdo parlamentario se ha tomado tal decisión, enfocándose los legisladores al cierre de la legislatura, recordando que el próximo 15 de julio concluye el periodo ordinario de sesiones.
“Las comparecencias del fiscal o cualquier otro funcionario, ya no se tienen contempladas; a raíz del proceso electoral es que se determinó ya no citar a nadie ante el pleno y, bueno, prácticamente los tiempos ya se agotaron”, explicó.
No obstante, aún y cuando no se requiera la presencia del fiscal de Morelos ante el parlamento, Sánchez Zavala refirió que sí fue entregado un informe de actividades por parte de Carmona Gándara, donde se concluyó, por parte del legislativo “que debe haber una mayor coordinación entre la Fiscalía y las demás instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, misma que al no haberla, hoy los ciudadanos estamos pagando las consecuencias; más allá de citar o no a comparecer al fiscal, de lo que se trata es que se pongan de acuerdo, que se coordinen y trabajen en conjunto, en pro de que ya no se sigan registrando más situaciones de violencia en el estado”, refirió.
Entre las voces que han reclamado la salida del fiscal se encuentran la de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a raíz del caso de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la autopista La Pera-Cuautla, asegurándose por parte de Carmona Gándara, que la causa de muerte fue por broncoaspiración a raíz de una congestión alcohólica, mientras la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que fue un feminicidio.
Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos, también se ha manifestado por un cambio en la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), argumentando los malos resultados.
Recientemente, organizaciones de abogados, agentes y ex agentes del Ministerio Público, también exigieron la remoción del fiscal, incluso pidiendo una salida voluntaria por parte del funcionario; este sector resaltó el rezago que existe en más de 12 mil carpetas de investigación.
