No solo turistas y paseantes visitan nuestro estado de manera habitual. Desafortunadamente los criminales también quieren un pedazo de Morelos y no solo para sus memorias, sino para lo que saben hacer mejor: destruir el tejido social y, de paso, acabar con la legalidad vía corrupción.
Los enterados dicen que nuestro estado tiene una posición estratégica que lo hace un bastión natural para el comercio y el intercambio de productos y manufacturas gracias a su vecindad con Guerrero, el Estado de México, Puebla y, desde luego, con la Ciudad de México, que es en donde se concentra el poder económico y político de la nación.
Desde luego, las mismas ventajas han encontrado los criminales para el desarrollo de sus actividades, con el agravante que hay riqueza local que también se quieren apropiar, como son nuestros bosques.
Ayer, las fuerzas del orden confiscaron más aserraderos en Huitzilac. Ahora fueron tres que, con los que habían cerrado, suman alrededor de veinte, si esos fueran todos -cosa que dudamos mucho- estamos hablando que en Huitzilac funciona un aserradero por cada mil habitantes y que sus actividades no podrían pasar desapercibidas. Veinte aserraderos ilegales -pues difícilmente eran clandestinos- implican un constante movimiento de maquinaria y trozas, un nutrido tráfico de vehículos de carga que entraban con troncos y salían con tablas.
Hay que considerar que los aserraderos son parte de una cadena productiva, pero el crimen contra la naturaleza se perpetúa en los bosques y, al igual que en los operativos en Huitzilac, no hemos sabido que haya detenidos o que se ataquen los campamentos de los talamontes en los cerros.
Ayer también se reportó el cierre de un narco laboratorio en el campo “Rancho Viejo”, en la sierra de Huautla, Tlaquiltenango, que se suma a las “cocinas” que se han detectado en Tepoztlán, Amacuzac y Tlaltizapán, en donde seguramente se producía metanfetaminas, aunque a las autoridades les guste usar una serie de eufemismos.
En estos operativos tampoco ha habido detenidos, hecho que parece dar la razón a los críticos de este tipo de operativos que aseguran que se reportan como laboratorios en operación lugares que en realidad ya estaban en desuso.
A finales del pasado mes de julio, se desarrolló la segunda reunión trilateral contra las drogas sintéticas y, ante las delegaciones de Canadá y Estados Unidos, los funcionarios mexicanos se comprometieron a trabajar para enfrentar la crisis de fentanilo que ha golpeado a la región e informaron que, desde 2018, en nuestro país se han inhabilitado mil 788 centros de procesamiento clandestino de drogas sintéticas, y se han decomisado más de 7 mil 500 kilos de fentanilo, 293 toneladas de metanfetamina y 158 toneladas de cocaína.
Sin embargo, a pesar de los logros impresionantes, lo que se reportan generalmente son los casos que involucran a los narcomenudistas, no a los fabricantes. Algo muy similar a lo que ocurre con los talamontes y sus aserraderos “clandestinos”: cuando llegan las autoridades a las cocinas, nunca hay nadie.
Debemos felicitar que este tipo de ilícitos se combatan, pero así como los talamontes pueden llevar los troncos que roban al bosque a procesar a otros sitios, los fabricantes de drogas pueden instalar fácilmente nuevos laboratorios si no se detiene -como desearíamos que se hiciera con los que tiran los árboles- a los que saben fabricar droga y construir laboratorios.
