Dos de los retos más importantes que tiene cualquier conjunto humano son dotarse de las normas que regirán su vida en común y satisfacer los requerimientos elementales para favorecer la prosperidad de la comunidad.
Así ha sido desde un principio, pero difícilmente se dan las condiciones necesarias para ambos supuestos o, por lo menos, no de manera permanente y por eso comienza a haber desigualdades, crimen y sectores de la población que, por más justas y equitativas que sean las leyes, terminan siendo marginados no solo del desarrollo que buscan las sociedades, sino hasta del acceso a los satisfactores de los que ya se disponen en ellas.
Familias rotas, relaciones personales disfuncionales y condiciones adversas en el desarrollo personal, son situaciones que muchos de nosotros podemos arrastrar a lo largo de la vida y que, si nos es posible, quizá superemos en mayor o menor medida. Una sociedad digna de ese nombre debería preocuparse siempre por todos sus miembros, no solo por la mayoría o en momentos coyunturales.
Y algo que debería encender las alarmas sociales es la situación de los miembros más jóvenes de la comunidad, aquellos cuyo potencial aún está en desarrollo y que, a la larga, en lugar de ayudar al bienestar común, se podrían convertir en factores de inestabilidad e inseguridad para todos.
Ayer, la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del estado de Morelos (TUJPA), Adriana Pineda Fernández, nos alertó sobre diversos aspectos que atañen a la población de infractores de la ley que son menores de edad. Señaló que necesitamos establecer un protocolo adecuado para que la policía pueda atender debidamente a los menores que infringen la ley; los agentes policiacos, por lo menos, necesitan una capacitación adecuada y, en el mediano plazo, deberá haber una Fiscalía Especializada para investigar los casos en los que se vean involucrados los morelenses menores de edad.
Estas observaciones son muy pertinentes si se considera que, a nivel nacional, cada vez son más los adolescentes que ingresan al sistema judicial acusados de cometer delitos de alto impacto. Entre 2017 y el año pasado, los delitos de este tipo cometidos por menores se incrementaron en nuestro país al doble. De acuerdo con el INEGI, el año pasado los principales crímenes cometidos por los menores de edad fueron violaciones, robo, homicidio, portación de armas, lesiones, posesión de drogas, secuestro, narco menudeo y otros delitos sexuales. Es importante considerar que, hace cinco años, el robo simple era el delito más cometido por este grupo de edad.
Lo anterior indica simplemente que la población adolescente mexicana está descuidada, que cada vez son más los que se involucran en actividades ilícitas y que estas han empeorado en gravedad.
Sin embargo, no es algo fatal y, a diferencia de la población adulta, los menores aceptan mejor la reinserción social, de ahí que algunos especialistas se hayan abocado a encontrar el origen de este tipo de conducta. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Azuay, en Ecuador, los menores infractores a menudo padecen psicopatología postraumática, ansiedad social, problemas de atención, esquizotipia, problemas en las funciones ejecutivas y de regulación emocional.
De ahí la importancia de las advertencias de la magistrada Pineda Fernández: los menores infractores ameritan un protocolo especial y un tratamiento diferenciado. Quizá, atendiendo a los menores infractores como debe de ser, al mediano plazo, podríamos ayudar a solucionar muchos otros problemas que nos aquejan como sociedad.
