Ayer visitó nuestro estado el secretario de gobierno del vecino estado de Puebla y esbozó la posibilidad de “blindar” los límites entre aquella entidad y Morelos. No es la primera vez que se escucha esa idea, hace poco se barajó la necesidad de “blindar” los límites entre Morelos y Guerrero ante el temor de que las bandas criminales de allá decidieran trasladarse por la devastación causada por el huracán Otis.
El “blindaje” consiste principalmente en reforzar la vigilancia, establecer puestos de revisión e intercambiar información entre las autoridades encargadas de conservar el orden, es decir, en “aceitar” la cooperación entre entidades en materia de combate a la criminalidad, y, en ese sentido, nadie podría observar nada, al contrario, cualquiera podría pensar que ese tipo de colaboración debería ser natural, una forma de trabajar en buena vecindad y que no se requeriría de ningún protocolo adicional.
La necesidad de que dos entidades -en este caso, Morelos y Puebla- deban ponerse de acuerdo para realizarlo es simplemente un síntoma de cosas que se han dejado de hacer, sobre todo en estos tiempos en los que todo mundo parece descargar en la Guardia Nacional las tareas de seguridad que deberían empezar a nivel municipal.
El fortalecimiento de puestos de revisión y la presencia policiaca en carreteras y entre estados es una estrategia recurrente para combatir la delincuencia y el crimen organizado cuya fortaleza radica en la reducción de la movilidad de los criminales al establecer puestos de revisión puede dificultar la capacidad de trasladar armas, drogas u otros productos ilegales a través de determinadas rutas.
Se busca debilitar la criminalidad interceptando delincuentes requeridos por la justicia y otros bienes ilegales. El “blindaje” sirve también para aumentar de la percepción de seguridad gracias a la presencia visible de policías y puestos de control, lo que también podría disuadir la realización de actividades criminales.
Estos mecanismos varían en efectividad según la situación específica de cada región y las características del crimen organizado que se enfrentan. Pero, aunque son útiles, deben acompañarse de otras estrategias integrales para abordar las raíces estructurales y socioeconómicas de la delincuencia como podría ser la corrupción, en la que se incluye el “chivatazo” oportuno que advierte a los criminales cuando hay presencia de policía en las cercanías o, de plano, cuando se va a realizar un operativo, como se sospecha que ocurre en los aserradores “clandestinos” de Huitzilac, en donde nunca hay detenidos cuando se decomisa uno de ellos.
Lo peor es que los gobiernos justifiquen sus propias incapacidades, como sucede generalmente con la Guardia Nacional cuya sola presencia hace a los gobernadores decretar una mayor seguridad para sus gobernados, como si los uniformes bastaran por sí mismos para hacer que los criminales fueran voluntariamente a encerrarse en la cárcel.
El “blindaje” no sobra y debería ser una forma normal de operar cotidianamente, pero nunca será suficiente si no se combaten otros flagelos que siempre se encuentran al inicio y al final de la cadena criminal: la corrupción y la impunidad.
