Ayer el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito Judicial, con sede en la Ciudad de México, ordenó la liberación del Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en una decisión que reafirma la confianza en la justicia federal, por lo menos para la defensa del funcionario morelense.
En algún momento todas las instituciones involucradas, desde luego la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la policía estatal y hasta la Marina, podrían explicarnos a todos su actuación que, a la vista de propios y extraños, enterados o neófitos del derecho, dejó muchas dudas.
Nos congratulamos que se persiga a quien obstruya la justicia, que es de lo que acusan al Fiscal Morelense, nos felicitamos también de que se demuestre celo para perseguir por lo menos un feminicidio y llevar justicia a la familia de Ariadna Fernanda.
La responsabilidad del Fiscal Carmona tendrá que ser demostrada por la Fiscalía de la Ciudad de México y el Fiscal, con su equipo, deberán demostrar que no incurrieron en faltas y, si no lo logran, también aplaudiremos cuando se finquen responsabilidades.
Todo eso se podría haber hecho sin el despliegue de un ciento de efectivos de seguridad y marinos que muchos vieron como una vulneración de las instituciones y de las normas de un estado que, ante la Federación, debería ser autónomo y soberano; de ahí la queja del propio Congreso del estado que rechazó el ministro Zaldívar sin atreverse a pasarlo al Pleno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrara al examen del fondo del asunto.
Además, todos fuimos testigos de que no importaron fueros ni amparos, y también de que al Fiscal Carmona se le impuso una medida cautelar, como la prisión preventiva, desproporcionada para lo que se le acusa; también fuimos testigos de que la Fiscalía de la Ciudad de México pidió, y obtuvo, una ampliación del plazo para realizar sus investigaciones, con lo que pretendía mantener en la cárcel a Carmona Gándara por lo menos cinco meses más.
Y no hace falta tener una mentalidad “conspiracionista” para ponerse en los zapatos de esa persona a la que se le violaban sistemáticamente sus garantías constitucionales en medio de un escándalo mediático. Y por eso, no por la persona, Uriel Carmona, ni por el funcionario, Fiscal General del estado de Morelos, es que se necesitan respuestas. En su momento, retratando perfectamente la situación, alguien dijo (palabras más, palabras menos): “si así tratan a un funcionario con fuero ¿qué trato podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?”.
Y también es por eso que Rodrigo Ugalde, de la defensa de Carmona, dijo que su representado tomaba la noticia con reservas, dado el poder que ha demostrado tener la Fiscalía de la Ciudad de México. De hecho, Ugalde les recordó a los funcionarios capitalinos que la resolución del Tribunal Colegiado es inatacable, aunque, dijo, “estamos en la expectativa de que la Fiscalía de la Ciudad de México no intente generar un nuevo tipo de molestia”, aunque, hasta el cierre de esta edición, se veía un despliegue inusitado de personal de la Fiscalía de la Ciudad de México en el exterior del reclusorio.
Quizá las aclaraciones podrían comenzar en las atribuciones, facultades y alcances de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que parecen estar por encima de las de la propia Fiscalía General de la República.
Desde luego esto no ha acabado; simplemente, Carmona llevará su juicio en libertad y no se ha probado ni su culpabilidad ni su inocencia, pero, mientras tanto, se levantó mucha polvareda que tardará un tiempo en asentarse.
