El aún presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado Francisco Sánchez Zavala, explica unas páginas más adelante, que las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo que establece que los órganos principales de dirección como la Junta Política de Gobierno, la Mesa Directiva y la Comisión de Hacienda no sean controlados por una sola fuerza política, ya operaba en los hechos, por lo que dichas reformas solo corrigen un vacío que presentaba la ley.
«Había un vacío en la ley, aunque hasta la fecha el Congreso se ha estado manejando de esa manera”, aseguró y recordó que la actual Legislatura el partido Morena presidió la Junta Política y su partido, el PAN, la Mesa Directiva, “pero ningún partido controló ambos órganos simultáneamente”.
Reconoce, sin embargo, que poner en blanco y negro esa manera de operar, obedece a la necesidad de impedir que Morena “o cualquier otra fuerza política”, pretenda monopolizar la conducción del Poder Legislativo, dijo que se pretendió evitar a los nuevos legisladores que cayeran en la tentación de “agandallarse” con el paquete completo.
En el mismo sentido se han intentado defender las reformas a la Ley del Servicio Civil tan mal vistas porque se sospecha que esconden la garantía de un “retiro dorado” para la alta burocracia, ante el hecho de que la antigüedad para alcanzar sus pensiones del ISSSTE ya estaban aseguradas siempre y cuando no hubieran dejado de cotizar.
Lo malo de hacer cosas buenas -o por lo menos razonables- que parecen malas es que la credibilidad se va perdiendo pues fue esta misma Legislatura la que amplió el periodo en la presidencia de Jorga Gamboa Olea y garantizó, a los Magistrados, su “retiro dorado” que fue impugnado por el mismísimo Gamboa Olea cuando se dio cuenta que no había logrado que todos en el Judicial le perdonaran sus muy personales extravíos.
Lo verdaderamente cuestionable de ambos casos es la oportunidad -el “timing” le llamaría algunos- pues ambas iniciativas se dan cuando el panorama electoral les jugó la mala pasada de convertir a Morena en la nueva aplanadora política y, además, pone en evidencia que ellos mismos dudan de su capital político para hacer prevalecer sus puntos de vista en el debate parlamentario.
Pero no todo han sido pérdidas en esta Legislatura que, también recientemente, produjo dos de las iniciativas que han sido impulsadas por grupos sociales desde hace tiempo: la Ley de Voluntad Anticipada -anticipo de una eutanasia legal para casos muy específicos que todavía tiene mucho camino que recorrer- y las reformas al Código Familiar que impedirán que los violentadores familiares contraigan matrimonio legal.
Esas iniciativas eran esperadas por -y habían sido promovidas desde- diversos grupos de la sociedad civil que buscan conservar la dignidad de algunos enfermos terminales sujetos a dolorosos y costosos cuidados paliativos finales, y para coartar, aunque sea en alguna medida, que gente sin escrúpulos victimice a más de una familia.
Se podrá o no estar de acuerdo con esas iniciativas pero son genuinas desde que emergen de verdaderas necesidades de algunos morelenses, como lo es la despenalización del aborto -que no es lo mismo que su “legalización”, por cierto- que no hubo manera que la LV Legislatura la rescatara de su bandeja de pendientes, ni siquiera ahora que tanta prisa tienen por atender sus pendientes.
