Como cada proceso electoral desde el 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos padecen la falta de recursos suficientes para financiar la operación eficiente de un sistema electoral que, en su integración y legislación es la envidia de muchas naciones.
Los órganos electorales de Morelos tienen la responsabilidad legal de la organización, contratación de personal eventual, apertura de oficinas temporales, impresión de materiales electorales y de capacitación, adquisición de urnas y mobiliario electoral, resolución en tiempo de los procesos jurídicos interpuestos por la ciudadanía, los partidos y los candidatos, y otras muchas asociadas con su función. Todas ellas se ven comprometidas por los escasos recursos que les fueron asignados para el 2024.
Para mala fortuna, no es la primera vez que eso ocurre. La práctica de obligar a los titulares de los órganos electorales autónomos a acudir constantemente a las oficinas de Hacienda o de los diputados en la búsqueda de fondos extraordinarios para poder seguir operando se ha vuelto tristemente recurrente y de alguna forma compromete la autonomía de los mismos.
Las carencias evidentes de los órganos electorales administrativo y jurisdiccional, a los que les faltan alrededor de 200 millones de pesos para garantizar atender en tiempo y forma las elecciones del 2 de junio con todo lo que ello significa, contrastan con el enorme gasto en propaganda que aspirantes a cargos de elección popular hacen desde finales del 2022 y que ha ido aumentando cada mes y seguramente llegará a niveles inéditos en el estado días antes de la jornada electoral.
El gasto de los aspirantes a candidaturas en dos redes sociales, por ejemplo, superó los cinco millones de pesos en sólo el último trimestre del año; la plataforma de fiscalización del Instituto Nacional Electoral ubica del 25 de noviembre al 2 de enero, gastos de cinco millones 154 mil pesos realizados mayormente por sólo tres contendientes por candidaturas a la gubernatura; y aún faltan por recibirse los informes de gasto de la mayoría de los aspirantes a alcaldías y diputaciones locales. Es decir, en tres meses se pueden detectar fácilmente gastos por más de diez millones de pesos en propaganda de precampaña y de la etapa anterior en que, por cierto, estaba prohibido hacer tales gastos.
La riqueza financiera de los aspirantes a cargos de elección popular y quienes los apoyan financiando sus campañas los coloca en una posición de clara ventaja frente a los recursos de los órganos electorales que serían los responsables de mantener la equidad y legalidad de la contienda. El desequilibrio es evidente y puede ser un riesgo para el proceso si no se atiende pronto. Es atención empieza por fondear mejor a los órganos electorales.
