Ayer La Jornada Morelos publicó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) había presentado una denuncia porque el pasado jueves 14 de septiembre elementos de la Secretaría de Marina y de la Comisión de Seguridad Pública (CES) irrumpieron en sus oficinas sin justificación legal y tomaron el control del edificio.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la FECC, los efectivos comenzaron a registrar todas las áreas sin autorización ni supervisión, sin mostrar documentos que justificaran su intervención y sin identificar ningún mando a cargo del despliegue. Incluso, revisaron áreas donde se resguarda evidencia y archivos institucionales. Cuando los marinos y los policías salieron del inmueble, el personal de la Fiscalía constató la ausencia de diversos objetos y documentos, incluyendo el dispositivo de almacenamiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio.
Según la Comisión Estatal de Seguridad, el ingreso a las oficinas “se originó a raíz de una denuncia recibida en el número de emergencia 911, en la que una persona informó que a partir de las 8:30 horas, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) habían llegado a su lugar de trabajo y retenido al personal que se encontraba laborando en el interior de las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción”.
Ayer en la noche, lo volvieron a hacer. En un despliegue multitudinario, efectivos de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la CES llegaron respaldando al ex vicefiscal anticorrupción que fungía como encargado de despacho de la FECC, cargos de los que fue destituido el mismo día de la primera violación a las oficinas de la Fiscalía, aunque posteriormente obtuvo un amparo que hubiera evitado “la destitución o remoción del cargo” si éste no se hubiera ya “concretado materialmente”.
A pesar de eso, la CES actuó “en apoyo de seguridad junto con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) por solicitud mediante escrito del vicefiscal adjunto, encargado de despacho de la FECC, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, el cual manifestó contar con una suspensión otorgada por el Juzgado de Distrito”, como informó la propia CES en un comunicado emitido ayer.
Desde luego que es la misma CES, más Semar, Sedena y Guardia Nacional que desatendieron cuanto amparo y fuero les presentó Uriel Carmona, las que actuaron de manera respetuosa para hacer valer un amparo sin efectos al funcionario que evitó la tercera liberación de aquél al interponer una nueva denuncia por tortura. Y este acto se llevó a cabo horas antes de que se concretara la liberación -a partir de la cuarta orden- de Carmona Gándara, aunque ya se sabía que era un acto inminente.
La noche del 20 de septiembre, el vicefiscal depuesto tomó control sobre las instalaciones con ayuda de las fuerzas armadas y de la policía estatal. Lo que hicieron ahí adentro, solo ellos lo saben. Ayer, la FECC emitió otro comunicado en el que recuerda que desde el 14 de septiembre 14 de sus colaboradores, encabezados por Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, “han dejado de tener representación de la Institución en actos judiciales, consultas de carpetas y/o expedientes, desahogo de diligencias, solicitudes, promociones ni cualquier actividad de actuación o intervención por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por lo tanto, cualquier actuación oral, escrita o mediante señal audiovisual, podría ser constitutiva de delito”. Ojalá, ahora sí, le hayan marcado copia del memo a la CES.
No hay que ser brujo para caer en la cuenta de que los temas de Uriel Carmona y de la Fiscalía Anticorrupción están íntimamente relacionados y que hay algo que solo conocen los iniciados. Lo que desde un principio ha asombrado en todo este escándalo es lo burdo de la operación. Algo sabrán las instituciones que buscan al enemigo entre sus propias filas; ojalá así persiguieran a los que la gente de a pie consideramos que son los criminales.
