En solo una sesión, la LV Legislatura del Congreso de Morelos demostró que el carácter de contrapeso que le parecía ayudar con su prestigio al enfrentarse a la administración de Cuauhtémoc Blanco fue apenas una postura temporal y al final acabó haciendo favores sospechosos al Ejecutivo y el Judicial, con el nombramiento por catorce años de dos magistradas cada una con vínculo estrecho con alguno de los dos poderes.
Diecisiete de los veinte diputados de la Legislatura que presumía independencia y honestidad, votaron por hacer magistrada a la hasta ayer Jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Tomasaz Merino, quien fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta falsificación de documentos para acreditar su residencia en el estado. Así, una de las funcionarias más cercanas al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se convirtió en la primera beneficiaria de la convocatoria, solo para mujeres, para ocupar dos espacios vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa.
El diputado Alejandro Martínez Bermúdez, de Morena, quien era parte del grupo crítico a la administración de Cuauhtémoc Blanco, fue en encargado de solicitar que se modificara el orden del día de la sesión para incluir los dictámenes ya elaborados para nombrar a las nuevas magistradas, seleccionadas de entre las 35 aspirantes, muchas de ellas con una larga trayectoria en el poder judicial y especializadas en justicia administrativa.
La segunda magistratura fue para Vanessa Gloria Carmona Viveros, esposa del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, quien es señalado como el principal responsable de la peor crisis que haya enfrentado el Poder Judicial en los últimos años. La crisis deriva de otro favor de los diputados al presidente del poder judicial, haber reformado la ley para permitirle extender por dos años más su periodo bienal a cargo del Poder Judicial. Un segundo nombramiento que genera enormes sospechas.
La LV Legislatura pudo haber seleccionado a otras dos entre las 33 aspirantes que completaron todo el proceso de selección y así librarse de cualquier sospecha, pero la mayoría de los legisladores dejará de serlo en unas semanas por lo que el descrédito que podría haberlos detenido en otra circunstancia, ahora no resultaba una preocupación. Así que votaron por las candidatas que mayores sospechas generan en el público, cada una de ellas con vínculos innegables con uno de los poderes del Estado a los que los diputados han beneficiado en probable detrimento de la certeza de los procesos de designación en el Legislativo.
Así los diputados del Congreso “contrapeso” acabaron sometiéndose a los otros poderes y destruyendo la credibilidad que el Legislativo empezaba a tener en menos de dos años de funcionar como órgano de control.