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De los muchos que tiene, la inseguridad es sin duda el mayor talón de Aquiles de la administración de Cuauhtémoc Blanco. Los pésimos números que presentaba al inicio de su gestión se han ido agravando cada año y se complicaron aún más en el 2023 por el enfrentamiento abierto y sin cuartel no con los delincuentes, sino entre las instituciones.

No se trata de perder el enfoque, los malos son los delincuentes, pero poco ayudan a mantenerlo las evidentes omisiones de la autoridad derivadas de la indolencia, la falta de coordinación, los problemas penales que enfrentan algunos y los conflictos internos y entre poderes que padece el estado por la falta de liderazgos y de generosidad política.

Los malos siguen siendo los delincuentes, pero las instituciones de seguridad y procuración y administración de justicia poco han hecho para limitarlos, perseguirlos, atraparlos y castigarlos, lo que los ha vuelto una parte sustancial del problema de inseguridad que atraviesa el estado.

Con policías limitadas y poco operantes, mandos indolentes, fiscalías cuestionadas y jueces enfrentados y bajo eternas sospechas, parece muy difícil conseguir los resultados que Morelos merece en materia de seguridad pública y respeto del Estado de Derecho. A diferencia de otros sectores donde pese a las enormes crisis que padecen hay algunos actores o instituciones que ofrecen esperanza de mejora. En materia de seguridad y justicia, en Morelos todo está mal y no parece haber la menor voluntad política para corregirlo.

Cuauhtémoc Blanco ganó el gobierno del estado con un enorme respaldo ciudadano, en parte por su fama como futbolista, pero también por dos promesas centrales de campaña, primero meter a la cárcel a su antecesor, Graco Ramírez Garrido y devolver la seguridad a Morelos. Graco sigue libre y la violencia y el crimen se han incrementado a lamentables marcas históricas.

El crimen ha obligado al cierre de negocios, pausado intermitentemente las actividades escolares, reducido los espacios públicos y aislado comunidades, mientras las autoridades intercambian ataques políticos y se alejan cada vez más de la ciudadanía que los requiere.

La posibilidad de que las instituciones culpen a otros por las deficiencias hace que los responsables parezcan diluirse. No es así, los morelenses tienen muy claras las fallas de cada institución porque las padecen todos los días de forma directa o indirecta.

Nadie culparía a quienes están a cargo de las instituciones de seguridad y justicia si fueran capaces de reconocer sus enormes deficiencias. Si en los diagnósticos que deben hacer todos los días identificaran sus errores habría posibilidades de superarlos.

La normalización de la violencia, el crimen y la impunidad es lo peor que puede pasarle a cualquier estado. Pero, pese a lo que creen las autoridades, los morelenses no nos hemos acostumbrado a vivir con miedo, el problema es que los responsables de la seguridad y la justicia, tampoco eso han sabido escuchar.