Si bien debe reconocerse el enorme avance que significa la atención y solución de más de mil juicios ya en etapa de sentencias y laudos, y la atención que se ha dado a otros tantos para evitar que pongan en riesgo la estabilidad y las finanzas del Ayuntamiento de Cuernavaca, estaría pendiente una parte que cierre la pinza de la justicia que debe incluir el castigo a los responsables del quebranto municipal.
Prácticamente la totalidad de los juicios que ha resuelto, y los que aún tiene pendientes la administración municipal, derivan de las fallas de alcaldes anteriores que van desde Manuel Martínez Garrigós hasta Antonio Villalobos Adán, pasando por Cuauhtémoc Blanco y, en menor medida, Jorge Morales Barud; entre todos doce años de pifias y abusos administrativos que derivaron en sentencias judiciales ya dictadas o por resolverse que superan los 400 millones de pesos.
Hábil en el litigio, pero más en la conciliación, la consejera jurídica del ayuntamiento, Nadia Luz Lara Chávez, ha podido avanzar en la atención de la mitad de los más de dos mil juicios heredados por las administraciones que antecedieron a la que encabeza José Luis Urióstegui Salgado. Cada uno de los expedientes derivó, asegura Lara Chávez, del incumplimiento de obligaciones contraídas por los alcaldes en funciones en aquellos momentos.
Por supuesto que las obligaciones jurídicas de la administración pública se heredan por lo que deben atenderse cada uno de los juicios pendientes buscando siempre que se cause el menor daño posible a las finanzas del municipio. Lo que permanece pendiente, en todo caso, es el castigo a los responsables de tal quebranto municipal, que también merecen las sanciones correspondientes, de acuerdo con su grado de responsabilidad.
Para lograr esa sanción hay dos obstáculos importantes: primero, el que muchas de las conductas castigables cometidas por los servidores públicos municipales podrían constituir delitos ya prescritos, es decir, no podrían sancionarse por haber pasado mucho tiempo desde que se cometieron; y segundo, que el Ayuntamiento no puede sino denunciar los actos de corrupción o abuso de funciones y las omisiones que llevaron a juicios millonarios; las sanciones le corresponden a la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados; y a pesar de la cantidad de denuncias interpuestas por la actual administración en contra de exfuncionarios municipales, el avance en la materia ha sido nulo.
Pero el lento avance de la justicia no tendría que permitir el olvido de las afrentas que las malas administraciones municipales han provocado a una Cuernavaca que padece una profunda crisis financiera que se fue tejiendo durante doce años. La máxima publicidad para cada uno de los casos, para cada abuso de la confianza de los cuernavacenses, tendría que ser una constante en los casos donde no afecte al debido proceso, o en los que la ley no alcanza a sancionar. No será suficiente, pero sí un buen principio.
