Y no porque quiera, sino por los nulos resultados de las instancias de gobierno que tienen esa responsabilidad.
Ayer el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en una visita a nuestro estado, consideró que la defensa del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) -proyecto cuyos buenos propósitos se vieron frustrados por diversas razones, administrativas principalmente- debería correr a cargo de las organizaciones ciudadanas.
“Encinas aseguró que sería un gran error abandonar el proyecto y señaló que los colectivos de búsqueda de personas deben rescatarlo y defenderlo pues sería una gran ayuda en un país que tiene cincuenta mil cadáveres no identificados y que podrán corresponder con los de desapariciones denunciadas”, como se puede leer en la nota que se publica más adelante.
El 9 de agosto de 2022, Encinas también estuvo en Morelos, pero para anunciar que, por fin, habría una instancia que asumiría “el enorme rezago que lamentablemente la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados no han podido atender”, así el CNIH, se estableció para enfrentar la crisis de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar en México. Poco nos duró el gusto. En febrero de este año, menos de dos años después de que se develara la placa alusiva en Xochitepec, comenzó a desmantelarse y comenzaron a rescindirse los contratos de personal y de radicar recursos materiales y equipo tecnológico apropiado. NI siquiera llegaron a publicarse los lineamientos operativos del Centro, que debieron ver la luz desde noviembre de 2022.
La suspensión del Centro empezó en junio de 2023, con la administración de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; con la llegada de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y José Muñoz Gómez como director del CNIH en octubre de 2023, el edificio en Xochitepec fue desalojado por problemas en el proceso de donación del gobierno de Morelos, la plantilla de trabajadores se redujo en un 70 por ciento y los restantes fueron trasladados a la Ciudad de México.
Ayer, Encinas aseguró que la desaparición no se debió a un problema financiero pues los recursos federales aun están en la Tesorería y los fondos internacionales todavía estarían disponibles.
Pero ese Centro, que habría de marcar un hito a nivel internacional -así lo anunció el propio exfuncionario- simplemente se evaporó y ahora, es la ciudadanía la que debería rescatar y defender el proyecto, pero ¿de qué forma lo podrían hacer si, al parecer, es un problema interno de la administración pública? ¿de qué manera los colectivos de búsqueda de personas pueden evitar “malas gestiones” de los funcionarios públicos?
Los dichos del exfuncionario, lamentablemente, son acordes a la necesidad que tienen las madres buscadoras de encontrar a sus difuntos con una vara en la mano, recorriendo campos minados por la presencia del crimen organizado y sin más apoyo que una patrulla que les regatea el gobierno estatal, como sucede en Morelos. Y eso que hay varias instituciones del Estado que deberían hacer ese trabajo.
