Una de las formas más graves y acabadas del terrorismo de Estado, según nos enseña la filosofía posmoderna, es la eliminación del contrario en el discurso. El verdadero terror, nos dicen los pensadores, es quitarle al otro la posibilidad de participar, con sus ideas, en la construcción del Estado como el ente al que todos nos incorporamos voluntariamente para defender nuestra libertad, propiedad, seguridad y nuestro derecho a la búsqueda de la felicidad.
La práctica de esta exclusión es recurrente en la historia. Comunidades enteras han sido marginadas de cualquier posibilidad de participar y esta dinámica ha obligado a establecer acciones afirmativas para la inclusión de grupos que solo son vulnerables porque el Estado así lo ha querido a través de toda la historia. Mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, indígenas, han sufrido diferentes grados de omisión del discurso político, la única forma de acceder al poder más elemental, el de gobernarse a sí mismos.
Uno de los grandes (aunque aún imperfectos) avances de la democracia mexicana ha sido la incorporación de mecanismos que garantizan la inclusión de grupos tradicionalmente marginados. Por la vía de acciones afirmativas, reformar legales y lineamientos para registro de candidaturas, el sistema electoral mexicano ha intentado con regular éxito visibilizar e incorporar a los grupos vulnerables al discurso político que, en términos ideales, debe pertenecernos a todos.
Por eso sorprende la operación simbólica mediante la que el Estado -entendido como la suma de elementos que integran el cuerpo social y que incluye al gobierno, pero también a todas las formas de poder político, social y espiritual-, por practicidad o injusticia, trata de invisibilizar a actores políticos en las contiendas electorales. En Morelos, por ejemplo, pronto iniciarán las campañas políticas de tres (no dos) candidatas a la gubernatura del estado.
Las protagonistas del proceso son tres mujeres capaces que provienen de procesos internos que les han legitimado para encabezar las coaliciones que las nominan. Si bien cada una de ellas tendrá que cargar con el pasado y presente de las fuerzas políticas que las abanderan, ante los árbitros y la sociedad, Jessica Ortega de la Cruz, Lucía Meza Guzmán y Margarita González Saravia, deben arrancar en las mismas condiciones. Porque, si bien eventualmente las contiendas políticas pueden cerrarse a sólo dos alternativas, en Morelos tenemos tres fuerzas que tienen la misma legitimidad para buscar la gubernatura del estado.
La contienda en Morelos empieza siendo de tres y el ideal político es que así siguiera hasta el día de la elección y que sean los aciertos de cada una de las candidatas, y el juicio que de ellos haga la ciudadanía a través de su voto, los que determinen a la triunfadora. Eliminar de inicio a cualquiera de ellas sería una forma de terrorismo.
