Para la gente de Cuernavaca, igual que para la ciudadanía de otras partes de Morelos, no resultaba sorprendente que se hablara de corrupción en su organismo operador de agua potable. El de la capital de Morelos, como muchos otros de otros municipios, fue usado como baja chica de los presidentes municipales por mucho tiempo, las omisiones de pagos a la Comisión Federal de Electricidad y a otros proveedores, incluida la Comisión Nacional del Agua, se volvieron por muchos años, una costumbre de las administraciones municipales que tampoco invertían en mantenimiento de las redes hidráulicas, del drenaje, permitían el robo del líquido mediante tomas clandestinas que pasaban por alto, entre muchos otros actos de ineptitud y corrupción.
La pregunta de los habitantes de la capital de Morelos era qué tan frecuentes podrían ser las prácticas deshonestas en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), es decir, qué tan profundo era el lodazal de corrupción que, por lo menos hasta el 2021, era el origen principal de la crisis del agua potable en la ciudad. La respuesta parece danzar en dos pistas, primero el hecho de que, en la actual administración, el SAPAC es el organismo más vigilado de todas las entidades públicas de Morelos, con auditorías externas, otras practicadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y las que se realizan como parte de la vigilancia a través de su comisaría interna, independiente de la administración. La segunda es que el resultado de la auditoría de 2021 produjo 35 observaciones que derivaron en 14 procedimientos administrativos y nueve denuncias penales, diferentes, por cierto, a la presentada en contra de la administración y del exalcalde Villalobos por el desvío de aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado.
La magnitud de la corrupción, denunciada por ciudadanos, organizaciones civiles, y más recientemente el propio Ayuntamiento de Cuernavaca, la volvió prácticamente omnipresente en los procesos del SAPAC, desde el excesivo manejo de dinero en efectivo, la adquisición con sobreprecio de productos que no llegaban al almacén, hasta las omisiones de pagos y la contratación de empresas fantasma son algunas de las explicaciones de la crisis en el sistema de agua que, además, enfrenta problemas financieros estructurales que han obligado a iniciar un proceso de reestructuración de la plantilla y reforzar acciones como la detección de tomas clandestinas y tratar de eficientar los sistemas de cobranza.
Por supuesto que las nueve denuncias actuales contra exfuncionarios corruptos de SAPAC, y las que se han hecho con anterioridad y parecen dormir el sueño de los justos en la Fiscalía Anticorrupción deben ser judicializadas y procurar la reparación de un daño a la ciudadanía y a la viabilidad del futuro de Cuernavaca, a través del desfalco al que debería ser uno de sus organismos más nobles.
Además de la reestructura y el saneamiento financiero del SAPAC, gran parte de la solución al problema del agua en la ciudad está, por supuesto, en seguir erradicando la corrupción.
