Por si no estuviera ya demasiado cuestionada su legitimidad, al encargado del despacho de la Fiscalía Anticorrupción que desconoció su cese y se amparó para reocupar sus oficinas con ayuda de la fuerza pública -que lo sigue resguardando todavía, a varias semanas de la invasión- se le ocurrió enviar a algunos de los elementos de la FECC que le son fieles para intentar amedrentar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin de apoderarse de una investigación en curso que le afecta de manera directa.
Haciendo uso de sus supuestas atribuciones con fines personales -ya sean de él o de sus incondicionales- demostró, una vez más, lo faccioso de su postura. La Comisión Estatal no se dejó asustar y negó el acceso al expediente, por lo que la Fiscalía la acusó de no colaborar con una investigación en curso y la amenazó con aplicar la ley por incurrir en responsabilidad legal.
La Comisión señaló que este incidente se enmarca en un conflicto anterior, en el que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y fuerzas federales asistieron a “un exservidor público”, para tomar ilegítimamente las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que solicitar este expediente pone a la FECC Morelos en una posición de conflicto de interés y podría involucrar conductas delictivas, como se lee en la nota de Estrella Pedroza que encontrará el lector un poco más adelante.
Así es como funcionan las instituciones de investigación e impartición de justicia en Morelos. Más allá de la anécdota, la prepotencia apunta a la impunidad de quien sabe que no le pedirán cuentas, explicaciones por sus arrebatos o las razones legales por las que pretende vulnerar la autonomía de una institución amparada por la constitución estatal y federal.
Si es grave la forma en que se ha inutilizado una de las instituciones en el estado como lo es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al minar su autoridad duplicando titulares que se desconocen mutuamente, lo es también que alguien, amparado por el aparato que lo protege, pretenda atentar contra otra institución: ni más ni menos que aquella que tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía contra los abusos que cometen en su perjuicio las instituciones del Estado.
Es lamentable lo que está sucediendo en Morelos, el problema de la impartición de justicia y el de la ineficacia de la investigación de los delitos se han convertido en los genuinos elefantes en la habitación que son difíciles de ignorar, aunque nadie quiera hablar de ellos.
Pero la responsabilidad de defender a las instituciones no solo recae en los gobiernos, también en la propia ciudadanía, pues originalmente están ideadas para servir al pueblo y no a grupos.
Mucho menos hay que perder de vista que todos los organismos de defensa de los derechos humanos son fruto de un largo esfuerzo de la ciudadanía que, en algún momento en la historia de la humanidad, se dio cuenta que necesitaba un abogado que la cuidara de sus propios gobernantes y de las instituciones del Estado. Justo lo que está pasando en Morelos hoy en día.
