Ayer el expresidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, recibió un regalo de navidad anticipado: un juez de control determinó que la medida cautelar a la que deberá sujetarse en lo que se dilucida el supuesto desvío de alrededor de nueve millones de pesos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca ya no será la prisión domiciliaria, sino libertad condicional.
Vale la pena recordar que la «prisión domiciliaria» implica cumplir la condena en el hogar del individuo con ciertas restricciones; la «libertad condicional» es la liberación anticipada bajo condiciones específicas después de haber pasado un tiempo en prisión.
Después de que fuera arrestado en septiembre del 2022, Villalobos pasó aproximadamente ocho meses en reclusión hasta que en mayo, la Fiscalía Anticorrupción decidió remover la prisión preventiva precautoria para que continuara su proceso en prisión domiciliaria.
En este mismo tiempo, a pesar de la insistencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, la misma Fiscalía Anticorrupción no pudo judicializar las casi 40 denuncias que la administración municipal interpusiera en contra del exedil. Hasta inicios de este mismo mes, la FA informó que ya se habían ingresado otras cuatro denuncias adicionales a la que motivó su detención por el manejo irregular de los fondos del sistema de agua del municipio.
Durante todo este tiempo se han ventilado más irregularidades más, como la compra de 19 autos y motocicletas de lujo que se liquidaban con efectivo a su nombre o de sus familiares; la consejera jurídica de Cuernavaca, Nadia Luz Lara, informó que Villalobos Adán podría estar involucrado en un desfalco de más de 100 millones de pesos y no solo los nueve que lo mantienen sujeto a proceso.
Desde luego, la presunción de inocencia es un principio jurídico fundamental y es por eso que Villalobos tiene el derecho de demostrar su inocencia, el caso es que, por alguna razón, a pesar de tener toda la colaboración de la actual administración municipal, las investigaciones de todas las irregularidades que lo señalan avanzan tan lentamente que algunos piensan que solo se está haciendo tiempo para que prescriban y, mientras tanto, el único caso que se ha logrado ejecutar en tribunales parece tambalearse pues, como se acotó párrafos arriba, la “libertad condicional” está a un paso de la liberación plena.
Las principales víctimas de estas irregularidades resultan ser, como siempre, los contribuyentes, en este caso los cuernavacenses que han tenido que salir a la calle a protestar por la calidad de unos servicios -como el del agua, el servicio de limpia y hasta alumbrado público- que han tenido que sortear enormes deudas heredadas de varias administraciones y que dejaron en ruinas a la capital del estado.
Y ante las deferencias que las instituciones y los impartidores de justicia tienen para algunos, es inevitable pensar en las injusticias que han vivido otros, como María Luisa Villanueva, quien pasó 25 años de su vida en la cárcel sin que se le pudiera fincar un caso en forma y que ahora amenazan con regresar a Atlacholoaya. Definitivamente, por lo menos en Morelos, la justicia no es igual para todos.
