En la larga historia de relaciones entre las naciones desarrolladas y las que desean serlo algún día, la mayor parte de las veces se han impuesto los intereses económicos y la visión de los países que tienen más recursos.
El dinero ha sido el “argumento” primordial en los tratados de libre comercio y en las relaciones internacionales que mencionan coartadas como “desarrollo de los pueblos”, “economía sustentable” y “cooperación internacional”. En estas páginas hay especialistas que han abordado este tipo de temas con mayor profundidad de lo que permite este espacio.
Pero, es curioso que esos mismos argumentos se esgriman por parte de los que suelen jugar el papel de víctimas en ese tipo de tratos que, tradicionalmente, suelen originar más problemas que soluciones.
Resulta que, encabezadas por Brasil, 16 naciones de América -México entre ellas-, Asia y África enviaron al parlamento europeo su reclamo oficial por un acto que consideran punitivo y discriminatorio, la llamada Ley Anti-Deforestación, que impedirá el ingreso a las naciones de la comunidad europea de productos que hayan podido atentar contra los bosques o hayan facilitado la degradación forestal.
La Ley Anti-Deforestación se aprobó el pasado 19 de abril y entró en la segunda semana de mayo, y obliga a las compañías que quieran comerciar con la UE a ser evaluadas en los próximos 18 meses por la Comisión Europea, para asegurar que sus productos son libres de deforestación y degradación forestal desde diciembre del 2020. Entre las materias primas que serán evaluadas se encuentran el cacao, el café, la madera, el aceite de palma, la soya y el ganado, así como sus derivados (cuero, chocolate y muebles, entre otros). Las empresas deberán demostrar la diligencia debida y certificar que sus productos o insumos no vengan de tierras deforestadas, hayan provocado degradación forestal o sean de bosques primarios irremplazables. Una ley como la que soñaríamos a nivel local para combatir, por ejemplo, la tala ilegal.
No obstante, a las naciones que formalizaron su queja -México, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y Paraguay en América, así como varias más de Asia y de África- les parece que la medida “establece un sistema unilateral de evaluación de riesgos que es intrínsecamente discriminatorio y punitivo, lo que puede ser incompatible con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio” y con los acuerdos multilaterales sobre el clima y la biodiversidad, y presenta mal entendidos y desequilibrios económicos, sociales y medioambientales.
“El enfoque inflexible adoptado por la UE ignora las diferentes condiciones locales e inevitablemente impondrá enormes costes a exportadores, importadores, productores y consumidores”, dicen en su carta las naciones inconformes, y afirman que “los pequeños productores son especialmente vulnerables y requieren un apoyo especial” y la UE “debe reconocer los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para mejorar sus medios de vida y sus prácticas de sostenibilidad”.
Llama la atención que ni a Canadá ni a Estados Unidos -que cuentan con una larga historia de leyes de responsabilidad ambiental- les haya parecido, hasta el momento, injusta la medida; los quejosos son los países que, como el nuestro, no han sabido ejecutar realmente las medidas de protección para los bienes cuyo deterioro o pérdida, como los bosques, tienen una repercusión global.
Es muy probable que la queja se quede en el anecdotario, pues así como son muchas las naciones inconformes, lo son también las que decidieron imponerse a sí mismas esas medidas que tienen inmediatas afectaciones a su propio comercio internacional.
Quizá sea más productivo para todos tomarnos en serio la protección de los bosques y de nuestros recursos naturales y que no sean otros países quienes nos obliguen a asumir medidas eficaces. Las afectaciones a “los pequeños productores” morelenses aún están por verse -por ejemplo, para exportar aguacates cosechados en donde había bosques- pero seguramente las habrá, por lo que lo mejor sería ir tomando medidas correctivas antes de que el ejemplo europeo cunda en otras naciones.
