Es verdad que el empleo ha escaseado en los últimos meses, y más para el personal especializado; sin embargo, recurrir al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional para conservar la quincena, aunque a muchos les gustaría disponer de esas fuerzas en contra del patrón, en una institución se antoja un tanto excesivo.
Edgar Rodolfo Núñez Urquiza y 13 ex funcionarios de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), parecen no entender que el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado ya les perdió la confianza -requisito indispensable para el personal, precisamente, “de confianza”- y que decidió utilizar los cuatro días en los que Núñez se desapareció sin decir nada, para cesarlo de manera fulminante desde el 14 de septiembre.
Como comentábamos ayer aquí mismo, la pugna por la Fiscalía Anticorrupción y el caso del multiacusado Uriel Carmona, aún Fiscal General del Estado, parecen correr por caminos paralelos y, después de sucesivas acusaciones formuladas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que le impedían pisar la calle, a pesar de las también sucesivas órdenes de liberación de varios Tribunales Colegiados, la última intentona para mantenerlo en prisión estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, más precisamente, de Núñez Urquiza y su equipo, cesados el mismo día que se desistieron de la denuncia que presentaron en contra de su jefe -pues es Carmona quien tiene la atribución de nombrar al Fiscal Anticorrupción- y que retrasó por algunos días su liberación, que finalmente se concretó hace un par de días.
Cuando encabezó a un centenar de militares y policías el viernes pasado para entrar, al parecer ilegalmente a sus antiguas oficinas, en una improvisada conferencia de prensa Núñez Urquiza aseguró que tenía más información de posibles casos que podrían involucrar a Carmona Gándara en otras irregularidades; nunca explicó por qué de pronto recobró la memoria o qué lo impulsó a reunir el valor necesario para actuar legalmente. Aunque esa información, en realidad, sale sobrando.
Desde luego no sabemos la naturaleza de la información de la que habla Núñez, pero quizás sus nuevos amigos se hubieran evitado muchos problemas si éste hubiera actuado oportunamente en contra de las irregularidades o delitos de los que tuviera noticia, en lugar de guardarlos para encontrar la llave en el momento más oportuno, que, por cierto y dadas las circunstancias, no son los días que estamos viviendo, cuando la falta de respeto a la ley parece ser cosa de todos los días.
La memoria selectiva de Núñez Urquiza solo lo retrata como un personaje que está dispuesto a hacerse de la vista gorda mientras le convenga, defecto de carácter que iría en sentido contrario a lo que uno esperaría de cualquier funcionario que debería investigar la corrupción.
Desde luego, este tema también acabará en los tribunales y veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto hay dos supuestos fiscales: el que apoya la CES y el ejército, y el que apoya la propia FGE y el Congreso del estado y alguien podría estar usurpando un cargo público. El caso contra Carmona Gándara, quien por cierto, seguirá sus procesos en libertad y quien aún debe demostrar su inocencia, solo ha escalado gracias a la torpeza de los operadores que, como Núñez, creen que se debe empezar con echar por delante a la fuerza pública para solucionar sus problemas.
