Con el inicio formal del proceso electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos afirmó que en nuestra entidad está garantizada la “progresividad de los derechos político-electorales”, concepto que resulta nodal y que no debemos perder de vista al confundirlo como parte de un simple discurso político.
La «progresividad de los derechos» se refiere al principio jurídico y social que establece que los derechos humanos y las libertades fundamentales deben avanzar, desarrollarse y mejorarse con el tiempo. En otras palabras, implica que los derechos no deben ser estáticos ni quedarse en un punto fijo de protección, sino que deben evolucionar y adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas de la sociedad.
La presidenta del TEEM, Ixel Mendoza Aragón, recordó que en 2015 se frustró la iniciativa de paridad de género en la integración del Congreso local, situación que se logró subsanar hasta el 2021.
El dato anterior ilustra que la progresividad no siempre acompaña a la ley pues, ya entrados en el siglo XXI, se tiene que seguir batallando por la evolución de un derecho, como el del voto y la participación política de las mujeres, vigente en nuestro país desde 1953, —y ejercido por primera vez dos años después—, y tuvieron que esperar cinco años más para que se ampliara el derecho al voto femenino a nivel estatal, permitiéndoles participar en elecciones estatales y legislativas. Hasta ese mismo año -1958- se reformó la Constitución para otorgar a las mujeres el derecho al voto en elecciones federales, lo que les permitió participar en la elección de diputados y senadores a nivel nacional. Y ahí se quedó por décadas. Es hasta este siglo que comenzó a moverse de nuevo la rueda de la progresividad de los derechos políticos de las mujeres.
Un caso ejemplar fue la llamada sentencia “antijuanitas” de 2011, mediante la cual se eliminaron esquemas que distorsionaban la cuota de género, y se establecieron fórmulas del mismo género para elección de legisladores, entre otras cosas.
La situación de los derechos políticos de las mujeres resulta emblemática, pero la progresividad de los derechos también es una cosa que les preocupa permanentemente a las minorías, como las poblaciones vulnerables, las comunidades indígenas y las que enarbolan la libertad de la identificación de género.
La progresividad de los derechos políticos va hermanada con la de los derechos humanos y mediante aspectos clave como mejora continua, adaptación a las necesidades cambiantes, el no retroceso, la universalidad y el apego a las normas internacionales, pretenden que las normas que se establece a sí misma la comunidad, no se anquilosen frente a la necesidad social de evolución.
Desde luego, es una tarea que nos involucra a todos los miembros de una sociedad, aunque no seamos candidatos a nada, de la misma forma que la progresividad de los derechos tiene que ver con todas las instituciones del Estado, aunque no sean las judiciales. Es alentador que un órgano – casualmente encabezado por mujeres como lo es el TEEM- no pierda de vista ese ideal: tendrán tiempo de demostrar sus palabras en este año electoral que acaba de empezar.
