La semana pasada, un joven estudiante de primer grado de una secundaria en Cuernavaca, les presumió a sus compañeros de grupo una pistola en el salón de clases, la manipuló y jugueteó con ella. Según algunas personas, el adolescente habría amenazado con llevar el arma de fuego cargada para, supuestamente, atacar a estudiantes y maestros.
Parece ser que el joven, quien ya fue suspendido definitivamente, podría necesitar medicación por algún trastorno de comportamiento. Aunque el caso no pasó a mayores, los padres de familia reprocharon a las autoridades del plantel que no tomaran acciones más contundentes y oportunas contra el estudiante, pues su mera expulsión hizo que ayer se suspendieran las clases en la secundaria ante el temor de que regresara a cumplir su amenaza.
En este lamentable caso en particular, se corre el riesgo de satanizar a una persona que, por lo que se sabe, necesita cuidados especiales y que, por alguna razón, tiene acceso a armas de fuego. Son circunstancias que, junto con la edad del adolescente, se deberían tomar en cuenta.
Desde luego, el caso reavivó el tema del operativo de Mochila Segura, en la que los padres de familia no se ponen de acuerdo, a pesar de que las autoridades educativas y hasta la Comisión de Derechos Humanos del estado están de acuerdo con ejecutar.
Pero todos -autoridades y organizaciones civiles- enfatizan la importancia de que la revisión de lo que llevan los estudiantes a sus escuelas debería empezar en cada uno de los hogares, y ahí hay un problema.
Hace algunas semanas el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes nos informó que son familiares y conocidos los que facilitan droga a estudiantes de nivel básico -primaria y secundaria- para que la vendan entre sus compañeros. También sabemos, por las mismas autoridades educativas, que se ha detectado el uso del alcohol en las mismas escuelas de nivel básico. Desde luego, no son casos generalizados pero que este tipo de problemas haya sido constatado por instituciones, evita que se consideren como fake news de redes sociales.
Armas de fuego, drogas y alcohol son lo último que uno debería esperar encontrar en escuelas primarias y secundarias, y los niños y jóvenes las obtienen por descuido, o con dolo, por parte de personas muy cercanas a ellos. Esta circunstancia pone en duda la posible eficacia de operativos como el de Mochila Segura, pues no es por casualidad -o solo el ánimo infantil de hacerse notar entre compañeros-, que los menores ingresan objetos y sustancias prohibidas a las escuelas.
En este tipo de casos valdría la pena considerar investigar el contexto familiar en el que se desarrollan los jóvenes pues, al parecer, no todos reciben la atención que deberían, ya sea para proporcionarles los medicamentos que puedan necesitar, para evitar que tengan acceso a las armas o para detener que niños y adolescentes sean usados como mulas del narcomenudeo.
La atención a los jóvenes en nuestro estado debería empezar antes de que vayan a la escuela y algunos de ellos podrían ser las primeras víctimas de una realidad que nos debería preocupar a todos.
