Desde su inicio, la historia de nuestro país está marcada tanto por las desigualdades sociales como por los intentos de disminuirlas, no siempre con éxito pero sí con perseverancia.
El voto se otorgó a las mujeres de una manera tardía y todavía tuvieron que pasar algunos años para que se lograra articular con la realidad, por ejemplo. Parece ser que en México, las buenas ideas le llevan la delantera a la genuina voluntad de hacerlas realidad.
El caso del voto femenino es una clara acción afirmativa a favor de la mitad del género humano, aunque a mediados del siglo pasado el término “acción afirmativa” aún no se había acuñado como sinónimo no solo de la intención, sino también de la acción: es la voluntad materializada en algo concreto como una ley.
Las acciones afirmativas son políticas o medidas diseñadas para proporcionar oportunidades equitativas a grupos históricamente desfavorecidos o discriminados. Su objetivo principal es reducir las desigualdades sociales y promover la inclusión y la equidad. No fue casual que tanto el término como las primeras iniciativas de este tipo nacieran en Estados Unidos a favor de la población afrodescendiente en los años 60 y 70, con el objetivo de asegurar oportunidades educativas y laborales equitativas que antes les habían sido negadas debido al racismo estructural de aquella nación.
En nuestro país hemos adoptado, con los mismos propósitos, diversas acciones afirmativas a favor de grupos y comunidades de mexicanos minoritarios ya sea por sus orígenes, sus limitaciones y hasta por sus preferencias sexuales, entre varias más. Representan el deseo de incluirnos a todos los que vivimos y trabajamos por el país, en un marco de las mismas oportunidades comparativas y reales para participar activamente con él, social, laboral y políticamente.
Ayer, durante la Jornada por la Defensa de los Derechos Electorales, organizado por la Defensoría Pública Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la coordinadora general de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos, Juliana García Quintanilla, lamentó que en la entidad los partidos políticos no acataran la genuina representación de los grupos vulnerables a quienes se han dedicado diversas acciones afirmativas. Estas son, por ejemplo, reservar candidaturas y cargos expresamente para los miembros de esas comunidades para garantizar su representatividad.
García Quintanilla señaló que los partidos se prestaron a nombrar como sus candidatos a figuras que no cumplían con los requisitos establecidos para atender las acciones afirmativas y que están en la ley. “Predominó la omisión y simulación”, afirmó la ombudsperson. Y la dudosa legalidad -representada en auto adscripciones, como ejemplo tenemos al propio líder del PRI en Morelos, Jonathan Márquez que se postuló como candidato plurinominal indígena- imperó sobre la ética y la moral, se podría añadir.
García Quintanilla hace votos para que las autoridades corrijan los errores y los partidos entren en razón, lo primero, ojalá, pero lo segundo es más dudoso pues esta ruta es la que han encontrado muchos políticos -y en este pasado proceso electoral se ventilaron varios casos en Morelos- para darle la vuelta a sus propios estatutos partidistas y a sus sonoros discursos públicos.
