Después del triunfo de Claudia Sheinbaum en las encuestas organizadas por Morena para definir a su “coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación”, se esperaba que el partido mayoritario solo trasladara a nivel local la organización federal gracias a la cual resultó vencedora y su líder prometió que la convocatoria se daría a conocer el lunes 18 de septiembre.
Sin embargo, algo complicó las definiciones y fue hasta la madrugada del 19 que se conoció la convocatoria de Morena para definir a quienes podrían ser sus candidatos a nivel local para competir por las gubernaturas de nueve entidades del país.
El lunes mismo trascendió que el detalle que impidió definir la convocatoria a tiempo fue, principalmente, la fecha en que los aspirantes a las candidaturas se debían separar de los cargos que podrían estar ocupando. La información de pasillo decía que en un primer borrador se había establecido el 25 de septiembre -inicio de los registros- como la fecha límite, lo que hubiera puesto en serios predicamentos a varios funcionarios públicos que han levantado la mano para participar como nuevas “corcholatas” estatales.
Finalmente se acordaron 90 días antes del 2 de junio -lo que da el lunes 4 de marzo- para que los aspirantes se separen de sus cargos o que, para esas fechas, ya gocen de la licencia del desempeño de su cargo de elección popular.
En un esfuerzo por quedar bien con Dios y con el diablo, se establecieron confusas ideas sobre la paridad de género, igual de confuso es el número de aspirantes que podrán participar en el proceso y las atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones -que podría limitar a cuatro o ampliar a seis el número de aspirantes y hasta declarar a un único contendiente por lo que quedaría como prospecto “único y definitivo”-; los periodos y las fechas para dar a un ganador simplemente no figuran en el documento, lo que no es un detalle trivial si se considera el plazo de los 90 días antes del 2 de junio, por lo que, por lo menos para el partido, no estarían en falta funcionarios públicos realizando campañas electorales, lo que los podría acercar a una ilegalidad de acuerdo a la Ley Electoral. Este detalle es un cambio sustancial con respecto al ejercicio de Morena con las “corcholatas” de primera generación.
Aunque, quizás las bases de la convocatoria de Morena podrían revisarse -algunos dicen que es anticonstitucional, por ejemplo, el requerimiento de 12 años de residencia en la entidad-, quienes acepten participar lo tendrán que hacer con las bases que se abrirán formalmente hasta el 25; después de esa fecha, se obligarán a sí mismos a respetar las normas de un proceso interno de una organización política que será difícilmente atacable por la vía legal. Así es que las correcciones, ajustes y complementos, deberían darse antes del próximo lunes.
Por su parte, la oposición que conforma el Frente Amplio por México ya otorgó al Partido Revolucionario Institucional la decisión de nombrar la candidatura de la coalición para la gubernatura de Morelos, aunque aseguran que para definirla también habrán de replicar el ejercicio por el que encontraron a su candidata a la presidencia de la República, es decir, con debates, sondeos y algún mínimo de firmas para apoyar a los aspirantes, aunque, como si el tiempo les sobrara, no han hecho público casi nada más. También hace falta la postura oficial de Movimiento Ciudadano.
Todo lo anterior parece indicar que la oposición no buscará realmente la gubernatura y, más bien, buscaría ganar posiciones en el Legislativo y en los municipios. Si esto es así, la definición del nuevo gobernante de nuestro estado se dará mediante encuestas y no necesariamente en las urnas y, lo que es peor, mediante unas reglas poco claras.
Faltaría que el partido mayoritario afinara sus reglas del juego, pues las indefiniciones y los rincones oscuros de su convocatoria, aun sin proponérselo, podrían afectar a algunos aspirantes y defraudar a algunos sectores de morelenses que creen en ellos, en los aspirantes y en el partido.
